Al Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) que fue puesto en revisión, por segunda vez, en diciembre del 2023, además de una solicitud de prórroga (la conclusión del programa pasó de noviembre 2024 a noviembre de 2025), modificación de metas (déficit fiscal, gasto corriente y la deuda flotante), consulta sobre la banca de inflación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había aprobado otro programa denominado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) y que fue solicitado por el gobierno de Santiago Peña.
Es de señalar que el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad ofrece financiamiento asequible a largo plazo a países que lleven a cabo reformas que reduzcan los riesgos para la estabilidad futura de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y la preparación para pandemias.
En tal sentido, días atrás, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el documento sobre la conclusión de la consulta del Artículo IV correspondiente al 2024 para Paraguay, además de la tercera revisión bajo el Instrumento ICP, la modificación de objetivos y la primera revisión del acuerdo en el marco del SRS.
Con respecto al ICP, desde el FMI mencionaron que está dando resultados positivos, aunque no se cumplieron dos objetivos cuantitativos. A decir, tope al gasto corriente primario y al incurrimiento neto de la deuda flotante del gobierno central.
En el informe preliminar de mayo de este año se señalaba que el déficit fiscal saltó al 4,1% del PIB en 2023, en parte, debido a pagos extraordinarios vinculados al reconocimiento de reclamos pendientes acumulados durante la pandemia con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos. Se estimó que el déficit fiscal caiga sustancialmente al 2,6% del PIB en 2024, en línea con el objetivo de las autoridades de volver a converger para el 2026 al techo de déficit del 1,5% del PIB conforme a la regla fiscal. En el documento del organismo se remarcaba que el ajuste correspondiente se lograría mediante una reducción del gasto en inversión (con la finalización de grandes proyectos de construcción de carreteras) que podría ser amortiguado por ingresos no tributarios adicionales provenientes de Itaipú y una mejora en la recaudación de impuestos, la que ha aumentado fuertemente en los primeros meses de 2024.
Destacaron, igualmente, el cumplimiento de tres objetivos de reforma previstos y algunos acordados con el gobierno anterior que están siendo reformulados, a saber, mejoras al marco de insolvencia y al catastro de propiedades, y acciones con respecto a la formalización del trabajo.
Avances del programa del servicio de resiliencia y sostenibilidad
En lo que respecta al programa de dos años bajo el SRS contempla un acceso máximo de Derechos Especiales de Giro (DEG) 302,1 millones (150% de la cuota) o su equivalente a alrededor de US$ 400 millones, siendo Paraguay el primer país sudamericano en obtener acceso al SRS.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisaron que el préstamo fue otorgado bajo condiciones financieras considerablemente favorables. A decir, 20 años de plazo, incluyendo 10 años y medio de gracia, y una tasa de interés que, sumando el margen de 95 puntos básicos sobre la tasa de DEG y 50 puntos básicos por comisiones, se sitúa actualmente en torno al 5,46% anual.
En tal sentido, el compromiso se basa en aplicar un ambicioso conjunto de reformas relacionadas con el clima. Entre ellas se encuentran reforzar la resiliencia de las inversiones públicas, establecer una taxonomía verde, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y ampliar la matriz de electricidad limpia del país, descarbonizar la economía, conservar los bosques y mejorar la gestión de residuos. El cumplimiento oportuno de estos compromisos, en estrecha coordinación con los socios en el desarrollo, contribuirá a realzar la imagen del país como un destino de inversión “verde”, precisa una parte del documento del FMI.
Además se completaron tres de las cuatro medidas de reforma que tienen como objetivo expandir la generación de electricidad limpia y proteger los bosques. Mientras que el establecimiento de estándares de eficiencia energética requerirá un proceso de consulta más extenso con el sector privado.
Déficit fiscal
El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira mencionó que desde el gobierno de Santiago Peña se está acumulando un déficit fiscal que, si se suma la diferencia de los déficits de los tres años siguientes con respecto al 1,5% del límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (se espera alcanzar en el 2026 de acuerdo con el compromiso asumido con el FMI, en el marco del instrumento del ICP), se está hablando de alrededor de 4,1%. “Paraguay tiene un PIB en el orden de los US$ 47.000 millones y cuando le sacamos el 4,1% estamos en valores de alrededor de US$ 2.000 millones. Este número es muy parecido a lo que se consiguió de extraordinario por tres años con el acuerdo de Itaipú y que podría generar impactos positivos en los próximos ejercicios (sujeto a decisiones). En tanto que, si se observan los últimos datos sobre la dinámica de la economía, el sector de la construcción ha tenido una caída con impacto en el empleo, al considerar la dinámica que genera en Paraguay. Cuando vemos el caso del sector público, el ajuste para poder alcanzar el 1,5% del déficit en el 2026 se ha hecho cortando el gasto de inversión, fundamentalmente”.
¿Cómo impactarán los ingresos adicionales de la Itaipú a las finanzas públicas en el proceso de convergencia fiscal? ¿Es necesario diseñar una política pública con énfasis en los sectores más vulnerables? Estos puntos y otros serán expuestos a profundidad en la próxima edición del suplemento económico.
Elevar
Iniciativas de reforma de las autoridades se basaron en varios pilares como estabilidad y resiliencia macroeconómicas, elevar la productividad y la expansión.
Acceso
Sobre programa de dos años bajo el servicio de resiliencia y sostenibilidad contempla a Paraguay como primer país sudamericano en obtener acceso al mismo.
