Este acuerdo abre la puerta a la explotación de tierras raras y minerales esenciales, insumos vitales para la ciberdefensa y la transición energética, pero también enciende las alarmas sobre nuestra capacidad institucional para gestionar una industria de alto impacto ambiental.
La condición de no vinculante implica que el memorando es una “suerte de carta de buenas intenciones” o una hoja de ruta que no genera compromisos legales inmediatos de explotación, sino de cooperación e intercambio de información geológica.
Esta flexibilidad permite a cualquiera de las partes retirarse con un aviso previo de 30 días, lo que subraya que el éxito real dependerá de acuerdos específicos posteriores que deberán, por otra parte, respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Movida geopolítica
El trasfondo de este acuerdo es una clara movida geopolítica en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Actualmente, China domina las reservas de estos elementos, y Estados Unidos busca “proveedores confiables” entre sus aliados para asegurar suministros críticos, como los utilizados en el avanzado avión de combate F-35 o en motores de autos eléctricos.
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Según el abogado Ezequiel Santagada, especialista en derecho ambiental, el memorando es una “señal política” de Estados Unidos para explorar vías de abastecimiento frente a su principal competidor.
Sin embargo, a criterio de Santagada, el entusiasmo político choca con una realidad jurídica preocupante: la legislación minera paraguaya es obsoleta y no ofrece las garantías necesarias para inversiones de gran escala.
El sector local carece de estándares internacionales y opera bajo un marco que muchos consideran “endeble”.
Aunque el Viceministerio de Minas y Energías ha anunciado un nuevo Código de Minería, el desafío será pasar de las palabras a una ley que realmente brinde seguridad jurídica a largo plazo.
Paso Yobai, una sombra
Las sombras del pasado reciente, apunta Santagada, sirven como una advertencia ineludible.
La experiencia en Paso Yobai con la extracción de oro es calificada como “no la más feliz”, marcada por una minería artesanal sin cuidado ambiental que resultó en la contaminación de cauces hídricos con metales pesados. Peor aún, Santagada recuerda que ese caso se vio empañado por “financiamiento ilícito de la política” y presiones a inversores, convirtiéndose en un “foco de corrupción” que Paraguay no puede repetir.
“La única forma que vamos a tener como país de protegernos de eventuales abusos es apelando a nosotros mismos”, afirma Santagada.
Hacia una evaluación ambiental estratégica
Para que esta oportunidad sea viable, Paraguay debe superar un marco legal ambiental que data de 1993, diseñado en aquel entonces “a las apuradas” para cumplir con requisitos de préstamos internacionales. En la actualidad, un proyecto de minería compleja es evaluado bajo los mismos parámetros que una estación de servicio o un taller mecánico, una situación que Santagada considera insuficiente para los riesgos que implica la extracción de minerales críticos.
La urgencia radica en implementar la “evaluación ambiental estratégica”.
A diferencia de un estudio de impacto ambiental común, esta herramienta permite analizar los “grandes impactos” sociales y territoriales –como el desplazamiento de poblaciones o la afectación de áreas protegidas– antes de que los proyectos avancen.
“Hoy lo que se necesitaría es un marco legal que establezca la evaluación ambiental estratégica”, subraya el especialista como paso previo indispensable.
Información, participación y acceso ciudadano
Además de la solvencia técnica, la transparencia en el manejo de la información geológica es fundamental. Basándose en principios internacionales, se destaca que la mejor forma de abordar cuestiones ambientales es con “información, participación y acceso”.
Los estudios que se realicen bajo este acuerdo deben ser compartidos con la autoridad de aplicación para asegurar que el conocimiento sobre nuestros recursos no quede solo en manos extranjeras. El éxito de esta iniciativa dependerá de que Paraguay se presente como un país “razonablemente previsible”.
Esto implica atraer empresas que, a diferencia de modelos menos regulados, se vean obligadas por sus propias leyes nacionales a no violar derechos humanos ni dañar el ambiente en el extranjero. La diferencia entre una inversión seria y un saqueo ambiental radica en la fortaleza de nuestras propias instituciones y normas.
“Se incumple sistemáticamente con el artículo 8 de la Constitución que establece que el daño ambiental importará la obligación primordial de recomponer e indemnizar”, subraya el especialista en derecho ambiental.
El Estado y el interés nacional
Los ajustes necesarios en la legislación deben incluir tres puntos críticos: establecer por ley la evaluación ambiental estratégica, asegurar mecanismos reales de participación ciudadana y crear procesos de “mejora continua” que eviten que la ley sea un mero instrumento recaudador. La meta es evitar que la normativa ambiental siga siendo utilizada para el enriquecimiento patrimonial de ciertos funcionarios en lugar de proteger el ecosistema.
Santagada remarca que no existe un solo expediente de recomposición real del daño, lo cual es “inaceptable” si se pretende desarrollar una industria tan invasiva como la minería de tierras raras. Para ello hacen falta acciones concretas: desde la adecuación del Código de Minería hasta la profesionalización técnica de las autoridades de aplicación para que la información estratégica no quede cautiva dentro de las empresas privadas.
La urgencia de estas reformas es total, considerando que el acuerdo ya prevé el inicio de estudios geológicos y el intercambio de datos técnicos en el corto plazo. Si el marco jurídico no se robustece ahora, el país seguirá operando bajo una precariedad que solo beneficia la informalidad.
Sentido patriótico
Por otra parte, este ambicioso proyecto geopolítico dependerá no tanto de la tecnología extranjera sino de la capacidad del Estado para proteger sus propios intereses.
También –como bien concluye el especialista– del ingrediente que parece escasear en las esferas de decisión, pero que resulta indispensable para que esta oportunidad no sea otro capítulo de saqueo: un verdadero “sentido patriótico”.
*Vea el episodio completo en “On the record” de ABC Podcast en https://youtu.be/BoZceTiz0b8
Ajustes legislativos
Para que esta oportunidad con Estados Unidos sea viable, el Estado paraguayo debe implementar tres ajustes legislativos urgentes.
Proveedores confiables
En el contexto del Memorando, Paraguay es visto como un proveedor confiable frente al principal competidor de EE.UU. que es China, líder del sector.
mescurra@abc.com.py