Hace años que el Estado paraguayo no ha estado ajustando sus cuentas fiscales, sino postergando pagos de manera intermitente pero creciente. Este mecanismo –la acumulación de atrasos– permite cumplir formalmente con las metas fiscales, pero traslada el costo del ajuste al sector privado y debilita la transparencia. Los atrasos reportados ya superarían los US$ 1.000 millones, más del 2% del tamaño de la economía, una magnitud que no puede ignorarse.
El desafío no es solo cuánto gasta el Estado, sino si puede pagar lo que ya comprometió.
La situación exige una respuesta integral, creíble y políticamente respaldada. El país necesita un plan claro —un plan de normalización fiscal— que combine medidas concretas con metas verificables y una comunicación transparente hacia la ciudadanía.
Ese plan debería apoyarse en dos anclas fiscales. La primera es mantener la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cambiarla en este momento dañaría la credibilidad del país. No obstante, si el contexto lo exige, podría evaluarse un modesto ajuste en la trayectoria de convergencia al límite del déficit de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, evitando un ajuste fiscal excesivamente contractivo en el corto plazo.
La segunda ancla es incorporar los atrasos en la medición del resultado fiscal. Es decir, pasar de mirar únicamente el déficit de caja (lo pagado) a considerar un déficit ampliado, que refleje la verdadera posición fiscal del Estado, al incluir también lo que el Estado ya comprometió, pero aún no ha pagado. Sin esta transparencia, cualquier meta pierde significado.
El tratamiento de los atrasos requiere un enfoque específico. Es necesario verificar y clasificar las obligaciones pendientes, establecer prioridades claras de pago y definir un cronograma creíble de regularización. Parte de estos atrasos podría financiarse mediante emisión de deuda, mientras que el resto debería programarse en un horizonte de mediano plazo. Igual de importante es evitar que el problema se repita: no se deberían autorizar nuevos gastos que no estén plenamente incorporados en el plan financiero y de caja.
En paralelo, el gasto público debe ser revisado con cuidado. El objetivo no es necesariamente gastar menos, sino gastar mucho mejor. En el corto plazo, esto implica reducir gastos que no afectan el crecimiento ni la estabilidad social, como nuevas contrataciones, viajes y compras no esenciales y otros gastos administrativos. En un contexto de restricciones fiscales, tampoco existe espacio para aumentos generalizados de salarios públicos. Si surgen nuevas presiones, como mayores subsidios al transporte público por el aumento del precio del petróleo, estas deben financiarse con recortes en otras áreas.
Más allá del gasto, el problema también tiene una dimensión estructural en los ingresos del Estado. Paraguay tiene un sistema tributario con baja recaudación, pero una creciente demanda de mejores servicios públicos. Este desequilibrio no puede sostenerse indefinidamente. Es necesario abrir un debate serio sobre cómo financiar el desarrollo, empezando con posibles ajustes selectivos en impuestos específicos como los aplicados al alcohol, tabaco o bebidas azucaradas, que además contribuyen a la sostenibilidad del sistema de salud.
Al mismo tiempo, existen oportunidades claras para mejorar la recaudación y reducir la informalidad. Fortalecer la administración tributaria, combatir la subfacturación en aduanas, ampliar el uso de facturación electrónica y mejorar la fiscalización de grandes contribuyentes pueden generar ingresos significativos. También debe explorarse un mayor aporte de las empresas públicas y las binacionales cuando las condiciones lo permitan.
Nada de esto será viable sin la construcción de consensos y una estrategia de comunicación clara. La ciudadanía necesita entender qué ocurrió, por qué se llegó a esta situación y qué medidas se tomarán. La credibilidad no solo se construye con números, sino también con transparencia y coherencia en el mensaje.
Paraguay ha logrado avances socioeconómicos notables en las últimas décadas. El grado de inversión es prueba de ello. Pero preservar esos logros y seguir construyendo sobre ellos requiere reconocer que la estabilidad no puede sostenerse sobre mecanismos transitorios como los atrasos. Ordenar las cuentas públicas, mejorar la calidad del gasto y recuperar la transparencia fiscal no son solo cuestiones técnicas: son condiciones necesarias para sostener la confianza, el crecimiento y la estabilidad del país.
(*) Economista