Es importante recordar que para medir la pobreza en Paraguay se utiliza la metodología monetaria, la cual se calcula comparando los ingresos per cápita de los hogares con la línea de pobreza, mientras que otros países lo hacen por el gasto de los hogares.
En ese sentido, la herramienta fundamental para estimar cuál debería ser el ingreso de las personas y los hogares para que no sean considerados en situación de pobreza es la composición y valor de la canasta básica de alimentos (que contiene solo comestible y está orientada a identificar la pobreza extrema) y de la canasta básica de consumo (compuesta tanto por la cesta básica de alimentos, más otros bienes que son necesarios, pero que no son rubros comestibles, constituyendo la unidad de medida de la pobreza total o general).
La línea de pobreza extrema representa el costo de una canasta básica de alimentos constituida por un conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo contenido calórico deben satisfacer los requerimientos calóricos mínimos (vida saludable).
Entre tanto, la línea de pobreza total es igual al costo de la canasta básica de consumo, que incluye, además de los alimentos, el costo de otros bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales.
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El 28% de población es pobre: 1.900.000 personas
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), en el 2016 el costo mensual por persona de una canasta de alimentos o línea de pobreza extrema en el área urbana era de G. 235.088 y la pobreza total de G. 630.525. Mientras que en el área rural variaba el referido costo de la canasta básica de consumo como la considerada línea de pobreza extrema, cuyo valor mensual ascendía a G. 214.690 por persona y la línea de pobreza total de G. 446.798.
El 28% de la población en Paraguay es pobre, lo que representa alrededor de 1.900.000 personas, que se sitúan principalmente en zonas rurales. Del total, unos 387.000 paraguayos viven en la extrema pobreza, es decir, que con sus ingresos no pueden cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.
Comportamiento de los niveles de pobreza
El proceso de reducción de la pobreza se inicia en el año 2007, acentuándose entre 2011 y 2013. En el 2007, la pobreza total afectaba al 45,3% de la población paraguaya y la pobreza extrema al 13,9%. En el 2011, el índice de pobreza total se redujo a 37% y la extrema a 11,8%. De ese año al 2013, la situación de vulnerabilidad arrastraba al 28% de la población y el 5,7% se encontraba en condición de extrema pobreza. Sin embargo, desde ese período a este, los indicadores, principalmente de pobreza extrema, muestran un estancamiento.
En los años donde los indicadores de pobreza experimentaron una disminución, los precios de las materias primas como la soja eran relativamente altos (“boom” de los precios de los commodities), por lo que la reducción de personas en situación de vulnerabilidad estuvo muy vinculada a los altos precios de los principales productos de exportación, que terminó incidiendo positivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Por tanto, el desafío de las políticas públicas actualmente es el de mantener esos logros de cara a precios de productos de exportación menores.
Datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos muestran que entre el 2013 y 2016, la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 21.385 personas al año, mientras que aquellas sin empleo aumentaron en 12.257 al año. Hay que considerar que entre los años 2015 y 2016 fueron períodos de actividad económica moderada y en el mismo contexto se sucedieron varias situaciones como por ejemplo del lado de las fronteras, donde se observaron dos fenómenos que afectaron negativamente el desempeño de la economía. En la frontera con Brasil, debido a la crisis económica, ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá recibieron menos visitantes y sufrieron una caída importante en los ingresos.
En la zona de Asunción y Gran Asunción, un efecto similar tuvo lugar con el cambio de gobierno en la Argentina y la unificación del tipo de cambio, lo que desincentivó el contrabando de productos argentinos hacia Paraguay, afectando a numerosas familias que se dedicaban al comercio informal.
Además, la Ley de Tarjetas, que limitó la tasa de interés por el uso del plástico, podría haber sido otra medida que terminó incidiendo en el menor dinamismo comercial y de servicios, ya que muchos tenedores de plásticos, perdieron sus tarjetas al no ser renovadas. La reducción en la tasa de interés también resultó en la disminución de promociones comerciales vinculadas a las tarjetas.
La serie de inundaciones en zonas ganaderas y agrícolas, igualmente, privó necesariamente de mejores y mayores ingresos en áreas rurales, principalmente.
Componentes de ingresos de hogares
Los ingresos laborales, es decir, generados por medio de un empleo, representan el 85,27% de los recursos disponibles mensuales de las familias, seguidos por otras entradas que incluyen las provenientes de alquileres o rentas, intereses o dividendos, pensiones o prestaciones por divorcio o cuidado de hijos, vaso de leche, bono de almuerzo escolar y otros ingresos, además de la ayuda familiar que aporta el 3,10% y por jubilación o pensión 3,94%. El otro componente del ingreso lo termina completando la ayuda proveniente del extranjero con el 0,78%. Y si se observa la intervención estatal como componente del total de los ingresos de las familias paraguayas, el programa de Transferencia Monetaria Condicionada “Tekoporã” representa el 0,32% y el de la pensión alimentaria para los Adultos Mayores, el 0,64% de la fuente de ingresos de estos hogares.
Tekoporã está orientado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Contempla el acompañamiento socio-familiar, comunitario y una transferencia económica en promedio de G. 193.000 mensuales. Además, prioriza a niños de 0 a 14 años, jóvenes de 15 a 18 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad e indígenas.
Por su parte, el programa de Adultos Mayores es una pensión alimentaria para las personas en situación de pobreza. Consiste en una asistencia monetaria mensual, equivalente al 25% del salario mínimo vigente y beneficia a todo paraguayo natural mayor de 65 años en situación de pobreza, residente en el país, la persona no debe ser beneficiaria de sueldo alguno, pensión o jubilación pública o privada, ni registrar casos pendientes con la justicia.
Considerando la cantidad de beneficiarios en los programas sociales como Tekoporã y Adultos Mayores, en total existen aproximadamente 970.000 beneficiarios, de los cuales 137.000 seguirían en la pobreza extrema a pesar de ser beneficiarios. Si se les retiraran estos beneficios, el número de pobres extremos aumentaría a 232.000 personas. Igualmente, entre los beneficiarios existen aproximadamente 422.000 personas en situación de pobreza no extrema, que aumentaría a 428.000 si no fuera por las políticas sociales. Actualmente existen 410.000 personas que reciben estos beneficios y están fuera de la pobreza.
Al realizar el ejercicio de retirar los beneficios a esta población, quedarían 309.000 fuera de la pobreza, es decir, los programas sociales ayudan a mantener a 100.000 personas fuera de la pobreza, pero existen 309.000 que igual estarían excluidos de la pobreza si no tuvieran los beneficios. Y es en este punto en el que se podría señalar que estos programas sociales están siendo mal focalizados, por lo que se torna necesario realizar una revisión más precisa para redireccionar los recursos asignados a las personas en condición de vulnerabilidad que sí precisan de la asistencia estatal.
US$ 163.854.545 por año en programas
Los programas sociales, Tekoporã y Adultos Mayores demandan del Estado alrededor de US$ 163.854.545 de forma anual, lo que representa 0,58% del Producto Interno Bruto. En un hipotético caso de mantener la asistencia a las personas en condición de pobreza, pero redireccionando los recursos que son asignados actualmente a los no pobres y se buscara erradicar la pobreza extrema, el costo de la política de sacar a las personas en pobreza extrema sería de US$ 48.500.000.
Sin embargo, con la reestructuración de los fondos o el ahorro que podría aplicarse en Adultos Mayores (US$ 46.909.091) y Tekoporã (US$ 14.116.364) y que son fondos destinados en la actualidad a los no pobres, el costo total para el Estado alcanzaría unos US$ 151.265.455, aproximadamente 0,53% del PIB, es decir, se canalizarían menos recursos a los que se destinan actualmente y se podría abrir la posibilidad de erradicar la pobreza extrema en Paraguay.
Finalmente, es importante entender que otros gastos públicos como construcción de viviendas, principalmente concedidas a familias de bajos ingresos, así como las inversiones públicas en infraestructura en los últimos años ha sido más anticíclico que generador de crecimiento, es decir, ha permitido evitar las caídas del PIB, antes que empujar su expansión. También remarquemos que la actividad del sector privado es la que realmente genera mayor crecimiento y que en estos últimos tiempos se ha visto desalentado por decisiones públicas como las ya mencionadas anteriormente, la Ley de Tarjetas y la falta de previsibilidad que presentan las continuas modificaciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP).
Por consiguiente, reducir los indicadores de pobreza en el país implica seguir insistiendo en la generación de empleos, diseñando acciones de apoyo al mercado laboral como capacitación y ferias de trabajo que permitan a las personas en condición de vulnerabilidad y que reciben la asistencia del Estado, romper con esta dependencia y el latente riesgo de entrar nuevamente por debajo de la línea de pobreza.
* El 28% de la población en Paraguay es pobre, lo que representa alrededor de 1.900.000 personas, que se sitúan principalmente en zonas rurales. Del total, unos 387.000 paraguayos viven en la extrema pobreza, es decir, que con sus ingresos no pueden cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.
* Los ingresos laborales representan el 85.27% de los recursos disponibles mensuales de las familias, seguidos por otras entradas que incluyen las provenientes de alquileres o rentas, intereses o dividendos, pensiones o prestaciones por divorcio, vaso de leche, etc.
* Lo que hizo el Presidente de la República con sus declaraciones ante la OCDE es retrasar la intervención del organismo internacional ante un problema que no pudo mitigarse, por más que se hayan ampliado las políticas sociales. Esto, si se considera no los últimos 5 años, sino solamente los del gobierno actual.