La clasificación funcional sirve como instrumento para medir las políticas del gasto en el sentido de la distribución sectorial, tales como: salud, educación, seguridad, justicia, entre otros.
La clasificación por objeto del gasto permite identificar los tres últimos niveles del gasto público y se presenta como una ordenación sistemática y homogénea de todas las transacciones para el cumplimiento de sus fines, tales como remuneraciones del personal, bienes y/o servicios, entre otros.
Gastos corrientes: Comprenden erogaciones que se efectúan en forma periódica y destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público.
Gastos de capital: Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales y a inversiones físicas y financieras que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumento para la producción de bienes y/o servicios.
Gastos de financiamiento: Destinados a la atención de las amortizaciones de capital del servicio de la deuda pública y otros de naturaleza financiera.
Fuentes de financiamiento: 10 recursos del Tesoro; 20 recursos del crédito público; 30 recursos institucionales.