Los agentes penitenciarios y la Procuraduría General no lograron un acuerdo, en la audiencia de sustanciación del amparo promovido para el levantamiento de la huelga en las cárceles del país. De igual modo, sigue abierta la posibilidad de un consenso entre las partes.
En la audiencia, realizada ante la jueza Rosarito Montanía, el abogado Anildo Caballero, por parte del Ministerio de Justicia, afirmó que la medida de fuerza que los agentes quieren realizar es un “riesgo nacional, no solamente dentro de los centros de reclusión”, Señaló que ocurrieron hechos lamentables, aún cuando el funcionamiento en las cárceles de todo el país era “normal”.
Agregó que los guardias conocen perfectamente la situación de riesgo, que incluso sobrepasa sus servicios cuando se trata de internos pertenecientes a facciones o grupos criminales, que “pululan en todos los penales del país”. Enfatizó que el amparo promovido por el Estado es en salvaguarda de la población.
Culpan a autoridades
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Por su parte, la abogada Graciela Bernis, representante legal de uno de los sindicatos negó que la huelga pueda poner en riesgo la seguridad de todos los paraguayos ni mucho menos producir graves hechos de violencia en el interior de los penales. Recordó que varias medidas de fuerza similares fueron realizadas anteriormente por los funcionarios y las penitenciarías nunca quedaron sin resguardo, tampoco se registraron hechos violentos ni enfrentamientos.
Puntualizó que los problemas penitenciarios se deben a la impericia de los que manejaban la política criminal y apuntó al presupuesto del Ministerio de Justicia. Alegó que debido a ello no se cuenta con personal categorizado, jerarquizado ni escalafonado entre los guardias de los penales, a sabiendas de que “existen millones de dólares de las tasas judiciales, depositados en el Banco Central del Paraguay y que pertenecen a los penales”.
Bernis indicó que el objetivo de la huelga es mejorar el servicio penitenciario del país e impedir más pérdidas de vidas humanas, a causa de enfrentamientos entre internos.
Como ejemplo, la abogado citó el sangriento motín registrado el domingo 16 de junio de este año, en la cárcel de San Pedro. Dijo que los protagonistas de aquel hecho, en el que 10 reclusos perdieron la vida, fueron un juez y el “director político” de la prisión, por permitir la coexistencia de grupos mafiosos, incluso en una granja VIP, a consecuencia de la corrupción.
La representante de los sindicalistas desmintió que exista un plan para liberar los distintos penales y permitir amotinamientos, a fin de forzar reivindicaciones con los gremios de agentes penitenciarios, ni que los mismos hayan expresado que pueden ocurrir muchas muertes, si el Gobierno no atiende los reclamos del sector.
Criticó al procurador general de la República, Sergio Coscia, por las manifestaciones “de película” que realizó en el escrito de amparo constitucional, que promovió, buscando frenar la huelga.
La jueza de turno Rosarito Montanía, como medida de urgencia hizo lugar al amparo constitucional de la Procuraduría General y suspendió la huelga de los agentes penitenciarios, por el tiempo que se extienda el juicio , que inició el jueves.
La decisión de la magistrada se dio tras el fracaso del Ministerio de Justicia de parar la huelga, pues ninguna de las reuniones tripartitas tuvo el resultado esperado por las autoridades.
El anuncio de la medida de fuerza generó alarma entre las autoridades porque los integrantes de la facciones criminales, recluidos en las distintas penitenciarías del país podrían aprovechar para provocar amotinamientos, o bien, concretar planes de fuga masiva.
Si bien, los sindicatos afirmaron que van a acatar la orden judicial, adelantaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el amparo judicial.
Reacción a cortes de “privilegios”
El Ministerio de Justicia cree que la huelga anunciada por los guardiacárceles es una respuesta a las medidas que se tomaron, con la nueva administración, para frenar la corrupción.
Son tres las medidas que causaron molestias en antiguos directores de penales del país. La primera fue la suspensión de traslados administrativos sin que esté comprobado que sea de alta peligrosidad.
La segunda razón de la molestia, de los guardiacárceles con mucha influencia, sería la intervención de la intendencia de la Penitenciaría de Tacumbú, donde había problemas en la provisión de carne y comida. Esto es objeto de auditoría.
La tercera razón de la discordia sería el llamado a concurso para designar directores de penitenciarías de San Pedro y Emboscada, centros de reclusión sobre los cuales políticos de la zona tendrían mucha influencia.
Éber Ovelar, hermano del senador Silvio Ovelar, es actualmente el ministro de Justicia; mientras que la viceministra de Política Criminal es la Dra. Cecilia Pérez.
Pidió informes a dos ministerios
Como no se cerraron las posibilidades de un acuerdo entre la Procuraduría General y los sindicatos de guardiacárceles, la jueza Rosarito Montanía abrió la causa a prueba y ordenó que se libren oficios a los ministerios de Trabajo y Justicia.
El Ministerio de Trabajo remitió a la magistrada todos los antecedentes de la huelga declarada por los sindicatos de funcionarios penitenciarios; además de la declaración de la huelga, actos y resoluciones de todas las reuniones tripartitas.
La cartera estatal también informó sobre los motivos que ocasionaron las huelgas en los últimos 20 años y la forma en que concluyeron estas medidas de fuerza.
Por su parte, el Ministerio de Justicia brindó un informe sobre el número de mujeres privadas de su libertad, además de las embarazadas y los niños que están con sus madres en las distintas penitenciarías.
Otro dato que remitió a la jueza es el porcentaje anual de muertos en el penal de Tacumbú, en los últimos 10 años.
La magistrada recibió los informes ayer y, tras analizarlos, debe tomar una decisión sobre el amparo, a más tardar mañana.