Un fallo judicial que podría dejar un buen precedente

La jueza María Luisa Bajac hizo lugar a la medida cautelar promovida por la Defensoría del Pueblo y prohibió que los cuidacoches cobren por el estacionamiento de vehículos, en toda la zona perimetral de “La Nueva Olla”, donde tuvo lugar la final única de la Copa Sudamericana 2019. La Policía Nacional fue la encargada de hacer cumplir la resolución.

La medida cautelar dictada por la jueza María Luisa Bajac prohibió a los cuidadores de vehículos cobrar por el estacionamiento y cuidado de rodados en las inmediaciones del estadio donde se disputó la fina de la Copa Sudamericana. Deja un precedente para otros casos.
La medida cautelar dictada por la jueza María Luisa Bajac prohibió a los cuidadores de vehículos cobrar por el estacionamiento y cuidado de rodados en las inmediaciones del estadio donde se disputó la fina de la Copa Sudamericana. Deja un precedente para otros casos.

La magistrada resolvió el viernes pasado “prohibir a los denominados cuidadores de vehículos de Asunción y el Área Metropolitana del desarrollo informal de actividades que impliquen el cobro por estacionamiento y cuidado de vehículos automotores en las inmediaciones del estadio “Gral. Pablo Rojas”, en ocasión del evento deportivo que se llevó a cabo el sábado último.

Con la disposición judicial, si los supuestos “cuidacoches” exigían o reclamaban dinero por el estacionamiento o cuidado de rodados en la vía pública, en inmediaciones del escenario deportivo, podía ser considerado un desacato a la orden de la magistrada y, por ende, ser denunciado a la Policía Nacional, que debía actuar de manera inmediata a efectos de garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistieron al evento.

Argumentos

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Bajac otorgó la medida cautelar de urgencia, solicitada por el defensor del Pueblo Miguel Godoy contra la Asociación de Cuidadores de Vehículos de la Capital y el Área Metropolitana. Alegó el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en el que se establece que “los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”; y el Artículo 128 de la Carta Magna, donde indica que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”.

Excusa “para no trabajar”

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien impulsó el amparo contra los “cuidacoches”, celebró la resolución de la jueza María Luisa Bajac. Aseguró que es un instrumento jurídico que respalda a la Policía Nacional, para prevenir todo riesgo contra la seguridad de las personas, contra la libertad de locomoción y prevalecer el impuesto reglado, que es la obligación que tiene el ciudadano a pagar en cada municipio.

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“La ciudadanía siempre estuvo en vilo, tanto en su integridad como en sus bienes muebles (...) vemos que esta es una cuestión informal, no es un trabajo, y que hay cuidacoches que tienen una estructura muscular parecida a luchadores de MMA”, manifestó el funcionario.

Enfatizó que el argumento expuesto por los cuidadores de vehículos, más bien es “una excusa para no trabajar”, cuando que a la vuelta de la esquina hay gente tan luchadora que hasta con alguna discapacidad vende cosas y se las ingenia para ganar dinero de manera honesta.

Godoy afirmó que la medida cautelar “es una victoria ciudadana más contra los informales”.

Postura del Gobierno

Antes de la medida judicial el ministro del Interior, Euclides Acevedo, ya había anunciado que la Policía Nacional no iba a permitir que los cuidacoches extorsionen a los hinchas para que puedan estacionar sus vehículos en las inmediaciones del estadio de Cerro Porteño.

Si bien, la medida cautelar de la jueza María Luisa Bajac deja un precedente contra los trabajadores informales, el secretario de Estado dejó en claro que la postura del gobierno de Mario Abdo Benítez es que los uniformados vigilen la seguridad de los ciudadanos.

Acevedo enfatizó que, ante cualquier eventualidad con los cuidacoches, los agentes policiales tienen la disposición de hacer cumplir la ley, sea cual sea el evento y/o lugar.

Admitió que los cuidacoches son “un problema social de naturaleza económica”, pero eso no justifica que recurran al método extorsivo.

La semana pasada los cuidacoches habían anunciado que cobrarían importes de hasta G. 50.000 por cuidar los vehículos, pero afirmaron que “no se aprovecharían” de los extranjeros.

carlos.ortega@abc.com.py

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