Nueva ley y la “promesa” de mejores tiempos

El Ejecutivo promulgó la Ley N° 6486/20 “De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción” derogando la Ley N° 1136/97 “De adopciones”.

Pese a la “perfección” de la ley se debe observar que las instituciones que forman parte de todo ese delicado procedimiento se adecuen a los plazos establecidos.
Pese a la “perfección” de la ley se debe observar que las instituciones que forman parte de todo ese delicado procedimiento se adecuen a los plazos establecidos.Caló, ABC Color

Tras los señalamientos, en publicaciones periodísticas, sobre el mal funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por los derechos del niño, la niña o el adolescente, por la cantidad de labores que tenían a su cargo, así como de la exagerada dilación de los procesos de declaración de estado de adoptabilidad y de adopción, finalmente, con esta nueva legislación se pretende, como debía ser desde un principio, hacer prevalecer el interés superior del niño, niña o adolescente.

Con esta ley, el Centro de Adopciones se encargará de los trámites de adopción, mientras que la ahora Dirección General de Cuidado Alternativo (Dicuida) tendrá a su cargo, mediante un equipo técnico, el proceso de búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada de los niños o adolescentes, que anteriormente se llevaba a cabo en un plazo de 90 días y con prórroga de 90 días, es decir, eran 180 días corridos que se empleaban para dicha tarea. Ahora ese tiempo se redujo a la mitad, 45 días con una única prórroga por la misma cantidad de días.

Sin embargo, el equipo técnico deberá informar sobre los avances cada 30 días y de ello dependerá la viabilidad para la pertinencia de la prórroga.

Así también, para el mantenimiento del vínculo familiar ahora se estableció un periodo de 90 días, prorrogables por 30 días.

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En ambos casos, el Juzgado tiene la facultad de extender el plazo, según considere pertinente.

En caso de que no se localice a la familia del afectado o no se logre su reintegración, la Dicuida informará al Juzgado, que dentro de los 3 días de declarar en estado de adoptabilidad al niño o adolescente, notificará al Centro de Adopciones para que este acceda al expediente judicial e inicie el proceso de adopción.

A partir de ahora, la persona o las parejas que quieran adoptar tampoco podrán ya recurrir al Juzgado para solicitar la adopción de un niño o adolescente, sino que deberán realizar el trámite, solamente, ante el Centro de Adopciones.

Así se busca corregir, principalmente, los tiempos de los procesos que, normalmente duraban entre 3 y 4 años o más, en forma excepcional, y que ahora pueden demorar entre 8 y 11 meses.

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La separación de las tareas y la modificación de los plazos dedicados para la realización de las mismas, que se plantea en la Ley N° 6486 en teoría debería traer más dinamismo en el proceso. Lo que establece la letra es obligatorio.

Sin embargo, pese a la “perfección” de la ley se debe observar que las instituciones que forman parte de todo ese delicado procedimiento se adecuen a los plazos establecidos, de lo contrario, el mal que causan vulnera los derechos de los niños y adolescentes de vivir en familia y establecer relaciones socioafectivas.

ariel.espinoza@abc.com.py

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