“La Ley 700/95 da el tratamiento de funcionarios públicos a los empleados y contratados de las entidades binacionales pero al solo efecto de la prohibición de doble remuneración; es decir, no convierte a los funcionarios permanentes y contratados de Itaipú Binacional en funcionarios públicos ni modifica el régimen legal interno al que los mismos se encuentran sometidos, recordando que se trata de una entidad de derecho internacional”, indicó el exfiscal general del Estado.

“Los agentes fiscales intervinientes para sostener la acusación presentada desecharon una disposición legal especial que establece claramente quiénes son funcionarios públicos, para recurrir a construcciones antojadizas, como la de afirmar que son funcionarios públicos los empleados y funcionarios de las entidades binacionales, simplemente porque el artículo 104 de la Constitución Nacional también les obliga a presentar declaración jurada de bienes”, añadió.

Sigue diciendo: “Tampoco la Ley 5033/13, promulgada luego de ocurrido el supuesto hecho punible, respalda la posición fiscal. El objetivo de la ley es regular la presentación de las declaraciones juradas de bienes, a cuyo efecto, considera como funcionario o empleado público a todos los que reciben asignaciones del Estado, como también a los que pertenecen a empresas con participación estatal mayoritaria, entidades binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entre otras. Lo que la ley pretende es que todos los empleados y funcionarios de esas entidades o empresas presenten declaración jurada de bienes, lo que no implica reconocer a dichas personas la condición de funcionario público distinta a la que establece la ley de la función pública”, refirió Latorre.