La bomba explotó en la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento cuando Adrián Salas, quien junto a Kriskovich representan al Consejo de la Magistratura ante el Jurado, lanzó duras acusaciones en plena sesión de ese órgano, al señalar que la mesa directiva, antes que ser reelecta, debería retirarse por blanquear a corruptos y castigar a honestos.
Luego en declaraciones a nuestro diario y a ABC Cardinal, Salas citó el caso de la remoción del fiscal antidrogas Ysaac Ferreira y la suspensión del agente Ángel Ramírez.
La mesa directiva del Jurado está presidida por el senador cartista Óscar González Daher y secundada por el diputado de la misma extracción política, Óscar Tuma. Pero la acusación de Salas también se extendió al senador Adolfo Ferreiro.
Los afectados optaron por poner “paños fríos” aludiendo que es una cuestión de Salas.
Lo concreto es que esto no solo salpicó al Jurado, sino que también alcanzó al Consejo de la Magistratura.
A partir del anuncio del presidente Horacio Cartes de que el ministro de Hacienda, Santiago Peña, sería el precandidato presidencial por Honor Colorado, el tablero también se movió en el Consejo.
Una cómoda mayoría de 6 a 1 que tenía el oficialismo se convirtió en ese momento en un ajustado 3 a 2 del oficialismo. Hasta allí se desconocía el camino que iban a tomar Salas y Kriskovich.
El oficialismo tiene la lealtad de los votos del presidente del Consejo de la Magistratura, Osvaldo González, muy allegado al ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes, quien, a su vez, simpatiza con Cartes.
Otro voto seguro es el de Luis María Benítez Riera, quien con el apoyo del Ejecutivo volvió a la presidencia de la Corte.
El tercer voto del oficialismo es el de Carlos Raúl Cabrera, lo que resulta una obviedad, pues es el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo.
La disidencia colorada, desde un principio tuvo asegurado el voto de Claudio Bacchetta, a quien se sumó Julio Javier Ríos, que llegó a la representación de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura, de la mano de Hugo Velázquez.
Precisamente, el presidente de la Cámara de Diputados dejó las carpas de Honor Colorado y se sumó a la disidencia luego de que Cartes anunció la preferencia por Peña para la sucesión en el Ejecutivo.
Con la actual crisis en el Jurado, es muy fácil deducir que Salas, muy amigo de Velázquez, se sumará al bloque de Bacchetta y Ríos.
Voto desequilibrante
Queda por ver lo que ocurrirá con Cristian Kriskovich. Es representante de Derecho de UC ante el Consejo y también miembro del Jurado es muy cercano a Salas.
Kriskovich también votó en contra de la reelección de la mesa directiva cartista del Jurado.
Si Kriskovich mantiene esta postura, será la disidencia la que tendrá un bloque mayoritario de cuatro contra tres que puede ser desequilibrante, a la hora de votar para la conformación de la terna de candidatos a fiscal general del Estado.
Recuperar Diputados y Senado
El oficialismo no se queda de brazos cruzados y apunta a recuperar la mayoría para conformar una terna que agrade al presidente de la República Horacio Cartes.
La primera jugada es la de buscar mayoría en la Cámara de Diputados para destituir a Julio Javier Ríos de la representación ante el Consejo de la Magistratura.
La intención es llevar al Consejo al diputado cartista Clemente Barrios.
El siguiente paso será el de consolidar una mayoría en la Cámara de Senadores para llevar a un representante oficialista ante el Consejo.
La actual Cámara de Senadores, con una mayoría de la disidencia eligió como representante ante el Consejo a Enrique Bacchetta y como suplente a Arnaldo Giuzzio.
Sin embargo, los cartistas aprovecharon que Bacchetta iría por su tercer periodo, cuando la ley habla de solo dos, por lo que utilizaron ese argumento para trabar ante la Justicia su asunción al cargo.
Pero no solo trabaron el de Bacchetta, sino también el de Giuzzio, quien no tenía peros para el efecto. Una jugada a la que se prestó la Justicia.
Es ese el motivo por el cual Consejo hasta ahora está solo con siete miembros de los ocho establecidos por la Carta Magna.
Hasta los tiempos dan, porque el Consejo, retrasó una semana las audiencias públicas con el argumento de que se iban a hacer reparaciones en la sede del Congreso donde exponen los postulantes. De esta forma se elegirá a la mesa directiva del Congreso, antes de que se conforme la terna.
Si el oficialismo logra imponer dos nuevos miembros del Consejo tendrá una mayoría de cinco votos contra tres, a la hora de conformar la terna de candidatos para la titularidad del Ministerio Público.
Lo paradójico de todo es que los dos eventuales nuevos miembros votarán sin haber participado de la audiencia de los candidatos.
El actual fiscal general del Estado es Javier Díaz Verón, cuyo mandato feneció a finales de noviembre pasado.
Díaz Verón busca la confirmación en el cargo y consulta en igualdad de condiciones con los otros candidatos.
Por primera vez, un fiscal general del Estado busca la reelección. pero aparentemente el presidente Cartes le bajó el pulgar, tras los hechos relacionados a la enmienda para la reelección.
En el oficialismo se menciona como candidatos a Ariel Martínez y a José Ignacio González Macchi. En la disidencia se habla de Juan Carlos Duarte y Augusto Salas, hermano de Adrián Salas.
Sin embargo, apenas son rumores hasta el momento y todo dependerá del momento político. La Constitución Nacional establece que un presidente elige al fiscal general pero precisa el acuerdo del Senado.
Ocho miembros
El Consejo de la Magistratura funciona en la actualidad con siete de los ocho miembros establecidos en la Constitución Nacional. Para conformar la terna de candidatos para fiscal general del Estado se requiere de una mayoría simple. Es decir, el candidato que alcance cuatro votos seguirá en competencia.
Cien postulantes
Actualmente hay cien postulantes para el cargo de fiscal general del Estado. Dos candidatos ya renunciaron al concurso y un tercero lo hará en los próximos días. Se trata del diputado colorado cartista Óscar Tuma, que paradójicamente señaló a ABC Cardinal que se retira del concurso, debido a la falta de credibilidad que hay en el Consejo de la Magistratura.
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