Excontralor es condenado a cuatro años por corrupción

Con respecto de la pena impuesta al excontralor Óscar Rubén Velázquez, la presidenta del tribunal de sentencia, Mesalina Fernández, explicó los argumentos de dicha determinación: “La gravedad de la pena que impusimos al excontralor no se justifica en el monto, se justifica en la calidad de las funciones que ejerce. Qué tiene que hacer un contralor general de la República, no solamente controlar el manejo de su presupuesto sino de todas las instituciones del Estado, del Poder Judicial, Ministerio Público, de todas las instituciones del Estado, pero en el mismo ente contralor estamos cometiendo irregularidades. Con qué cara, por ejemplo, iríamos a elevar una denuncia por irregularidades, desfalco, malversaciones, lesión de confianza y otros tipos penales en otras instituciones, cuando que desde el propio ente contralor se los están cometiendo”.

El tono crítico la jueza continuó al señalar que “la obligación que tiene de honestidad y transparencia un contralor en el desempeño de sus funciones es superior a la que tiene cualquier jefe de cualquier otra institución, incluso de la del Presidente de la República; tiene que ser el modelo y el ejemplo en virtud del cual se deben guiar todas las demás instituciones, porque a la hora de denunciar cómo haría, porque el mismo maneja sus recursos de forma arbitraria y discrecionalmente haciendo un mal destino de ellos”.

Velázquez fue condenado a cuatros años de pena en calidad de autor de lesión de confianza por el pago de horas adicionales a tres funcionarios. Además, la exsubcontralora Nancy Torreblanca tiene condena de 2 años de cárcel, pero con suspensión de la pena a prueba.

Como cómplices de la lesión fueron condenados a dos años de cárcel también con suspensión, Roberto García, exdirector de RR.HH.; Luisa Almada, exdirectora administrativa; y Celia Cardozo, exauditora interna.

Por su parte, los funcionarios Liz Paola Duarte, Reinaldo Gadea y Horacio Coelho tienen penas de 1 año y 9 meses con suspensión a prueba de la ejecución.

Más de G. 200 millones

Los tres funcionarios que fueron condenados por cobro indebido de honorarios, trabajaron 2.989 horas adicionales entre 2014 y 2015 y recibieron como pago la suma de guaraníes 239.211.779.

Horacio Ariel Cohelo trabajó 647 horas y cobró desde enero hasta abril del 2015, G. 36.317.021. Sin embargo, el tribunal constató que todo ese tiempo estuvo en su casa, no había nada que comprobase que se encontraba trabajando. El funcionario era el encargado de recibir expedientes. Mientras que Reinaldo Gadea trabajó 318 horas desde enero hasta abril del 2015 y cobró G. 36.811.318. Liz Paola Duarte, quien según el tribunal no tenía ninguna formación universitaria, trabajó 2.024 horas desde junio del 2014 hasta abril del 2015 y recibió en concepto de horas extras 160.083.411.

Crítica al Ministerio Público

La jueza Mesalina Fernández criticó a la Fiscalía y al juez de Garantías por no haber admitido otras salidas antes del juicio: “Como tribunal es una arbitrariedad cuando no está fundamentado por qué a un grupo sí y a otros no al otorgar otras salidas; por qué no terminar el proceso en instancias previas para no someter a un tribunal de sentencia que tuvo que suspender al menos 30 juicios en otras causas también muy importantes al eventual mismo resultado que hubiera tenido de concederle el derecho a tener una salida alternativa”. También el hecho que se atribuía al excontralor, el de asignar cargos con líneas salariales para funcionarios que no reunían los requisitos no se comprobó, debido a que no se demostró el perjuicio que se ocasionó a la institución por la falta de una pericia técnica de gestión.

Funcionarios absueltos

Fueron absueltos Alicia Acevedo, Richard David López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana Monges. Con respecto a dos de ellos, López y Jara, tenían formación universitaria y podían ocupar los cargos. En relación con Ana María Monges, la Fiscalía sostuvo en la acusación que al momento de pedir el plus, en forma retroactiva, que pagan por contar con un título universitario, la misma todavía no había accedido a la certificación académica correspondiente e igual cobró de marzo a setiembre del 2014, G. 11.375.075. Sin embargo, la jueza Gloria Hermosa explicó que Monges concluyó su carrera de Contaduría Pública el 8 de junio del 2013 en la UNA, según las documentaciones a las que accedieron, por lo que no existe ningún cobro indebido de honorarios.

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