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Si bien el hecho aconteció en una universidad privada, tuvo su impacto porque de por medio estaba la Iglesia Católica, muy arraigada en nuestro país.
Sin entrar a analizar los condimentos que hubo de por medio, hay que reconocer que la intervención del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fue propicia.
Y este es el punto a analizar porque justamente estamos en vísperas de elecciones del titular del Ministerio Público que tendrá a su cargo esta institución en los próximos cinco años.
Podría ser el actual o se contaría por primera vez al frente de la institución con una mujer: Sandra Quiñónez o Victoria Acuña.
En este tema de crisis y como ya ocurrió en otras ocasiones fue la fiscalía la que la que tuvo que tomar intervención.
En este caso, el fiscal general citó a las partes a su oficina y estampó su firma en un documento. Es decir, actuó como bombero en una situación en que el mismo Ministerio Público podía intervenir y de hecho lo hizo, para iniciar una persecución penal contra los responsables de la toma.
Con la intervención de Díaz Verón no caben dudas de que este proceso abierto a los estudiantes en algún momento tendrá una salida conciliadora.
Pero así como la fiscalía fue utilizada para zafar este momento que podía convertirse en una bola de nieve, también el Ministerio Público ha sido usado como garrote en otros casos.
Muy fresco están aún los hechos del 31 de marzo y el 1 de abril. Las investigaciones sobre el atropello al Congreso están avanzadas, pero las del atraco al PLRA que costó la vida a Rodrigo Quintana están estancadas.
El presidente Horacio Cartes pidió la cabeza de los responsables de los atropellos al Parlamento e intimó a Díaz Verón, en lo que pareció era un claro distanciamiento del Ejecutivo con el fiscal general.
A partir de ahí la fiscalía dio un impulso a la investigación y Díaz Verón recuperó terreno político.
La fiscalía es una institución poderosa porque llega a todo el país y en el ámbito de su responsabilidad está la potestad de someter a proceso a una persona.
Una imputación no solo tiene un costo económico y personal, sino de imagen que puede llegar a afectar a la familia.
El proceso puede ser desgastante, dependiendo de la voluntad del Ministerio Público, al que la ley le brinda el privilegio de sostener la persecución penal.
Es más, la fiscalía llega a todo el país. Esa jurisdicción nacional le otorga un superpoder a la persona del fiscal general del Estado.
Por eso es importante entender que la autonomía de esta institución es necesaria, su contaminación política o de otros sectores no beneficia a la sociedad.
El cargo de fiscal general no es para ser el de mediador ni tampoco el de garroteador.
En el caso de la UC se aplaude la buena voluntad, pero también Díaz Verón se anotó puntos en su intervención, en un momento de concurso para el cargo que hoy ostenta.
Pero la fiscalía va más allá de esto. Su objetivo es el de mantener el orden legal en nuestro país. El que la ciudadanía se vea garantizada de que serán perseguidos por igual aquellos que amparados en un poder fáctico roban al Estado, así como los delincuentes comunes que ponen en vilo a la sociedad.
Es de esperar que los políticos que se llenan la boca con la palabra pueblo y cambio plasmen esto en su momento de elegir al o a la fiscal general con la única condición de que el Ministerio Público deberá ser independiente y eficaz.