Los motochorros, los peajeros, los asaltantes de bancos, comercios y domicilios particulares ocupan las noticias de las radios y de los periódicos casi diariamente.
Sin pretender criticar a nadie, la verdad es que los ciudadanos no nos sentimos seguros ni en nuestras propias casas.
Ahora bien, ese estado de inseguridad pública está generando un fenómeno igualmente peligroso y que no debe ser desatendido.
Cada vez más, aparecen vecinos o las propias víctimas que persiguen y tratan de detener a los delincuentes, con resultados muchas veces catastróficos.
Así han muerto vecinos, algunos policías que estaban en su día libre, y en los últimos días 2 motochorros, que fueron perseguidos y luego atropellados por una de las víctimas.
Estas reacciones son una consecuencia natural de la desesperación e impotencia ciudadana ante el estado de inseguridad permanente en que se encuentra. La ciudadanía no se siente protegida por la Policía, y eso es innegable.
En relación con la muerte de estos dos motochorros, evidentemente debe descartarse la legítima defensa y más allá de las verdaderas circunstancias en el atropellamiento y las muerte que se produjeron, lo que sería oportuno es que el agente fiscal encargado de la investigación considere que ese tipo de reacciones ciudadanas irán creciendo permanentemente y que sería recomendable evitar una imputación inicial por homicidio doloso, cuya consecuencia será que el responsable deba indefectiblemente ir a prisión mientras se realiza la investigación preliminar.
Creo que la prudencia y la mesura se imponen en este caso.
Desde luego, si posteriormente se tienen elementos suficientes para descartar el estado de excitación emotiva en el actor que autoriza el reproche reducido, que solo en ese momento se sostenga la imputación por homicidio doloso.
Creo que la prisión de esta persona, cuyo nombre ni siquiera recuerdo y de cualquier otra en una situación similar, constituirá un golpe emocional muy fuerte a toda la ciudadanía que se verá en la siguiente disyuntiva: vivimos en un estado de inseguridad insoportable porque los delincuentes son los dueños de la calle, la policía no nos protege y cuando reaccionamos ante esos ataques, que no pocas veces van acompañados de gran violencia y muerte, el Ministerio Público nos imputa y pretende meternos en prisión.
No estoy planteando dar impunidad a nadie ni estoy haciendo apología de la justicia por mano propia, pero este problema requiere analizar e implementar urgentemente una adecuada política de persecución penal antes que el fenómeno se torne incontrolable y la ciudadanía se sienta definitivamente perdedora en esta desigual lucha.
Otro aspecto de la inseguridad pública
A todo esto debo hacer una acotación final no menos importante: el Ministerio del Interior debe dar un claro mensaje a los miembros de la Policía Nacional de que serán respaldados cuando tengan que intervenir para proteger a los ciudadanos de los ataques de los delincuentes y que en caso de sobrevenir la muerte o la internación de un policía en algún enfrentamiento con delincuentes, el Estado los asistirá cubriendo todos los costos de esa internación y también dará rápida protección a sus familias.
No podemos pedir eficacia ni protección a policías que no se sienten protegidos ni amparados por sus superiores.
El caso del policía muerto en Pedro Juan es un claro ejemplo de lo que estoy hablando: estuvo internado por varios días antes de fallecer y dejó un gasto en el sanatorio de más de G. 40.000.000, con los que debe cargar la viuda.
Si eso no suena catastrófico, les aseguro que expone crudamente el desamparo que hoy sufren nuestros policías.
No estoy sosteniendo que todos los policías sean honestos, pero si no se atiende urgentemente este aspecto del problema, seguiremos viviendo en el mismo estado de inseguridad que hoy tenemos o, tal vez algo peor.
También se debe prever el seguro de vida para los policías que caen en el ejercicio de sus funciones y, en este sentido, los argumentos de proteger y evitar el déficit en el presupuesto público no son atendibles ni convincentes, porque el Estado debe velar por brindar a los ciudadanos seguridad, además de salud y educación.
Este no es un problema que comenzó en este Gobierno sino que viene de muchos años atrás, pero ahora se torna inevitable e impostergable abordarlo y darle una eficaz solución.
Luego se debe iniciar los procesos de formación y saneamiento de los cuerpos policiales, que también requieren valentía, decisión y voluntad, que no se sustituyen con meros discursos. Creo haber sido sumamente claro en lo que estoy señalando y como ciudadano expreso mi insatisfacción por el estado de situación en que nos encontramos.