Los agentes del Orden Público afectados por la investigación son el oficial 2º César Cáceres González y el suboficial 1º Lilio Leonardo Alcaraz Ortiz. Ambos fueron imputados el pasado 8 de diciembre por los delitos de secuestro, extorsión, extorsión agravada y privación ilegítima de libertad. Resultó víctima en esa ocasión Esteban Daniel Ávalos, quien sería un presunto distribuidor de drogas.
La presentación fue realizada por la fiscala de Unidad Antisecuestros, Sandra Quiñónez, ante el Juzgado de guardia.
De acuerdo a los datos oficiales, el secuestro se inició el pasado 6 de diciembre a las 07:00, cuando los efectivos policiales interceptaron en Itauguá a Ávalos, en el momento en que salía de su domicilio aparentemente para ir rumbo a Caacupé. El sospechoso fue retenido por ambos policías que están a cargo de la Brigada Nº 2 del Departamento de Investigación de Delitos y funciona bajo el viaducto de la avenida Eusebio Ayala y Madame Lynch.
Los uniformados presuntamente exigieron a Ávalos la suma de 12.000 dólares para no llevarlo detenido, aunque después alzaron en un vehículo a la esposa del sindicado, Petronila Brítez, y la llevaron hasta la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, para que pidiera dinero prestado a unos parientes. Mientras que un civil de nombre Jorge Alberto Fernández Amarilla quedó a cargo del secuestrado.
Debido a que no consiguió el dinero, la mujer radicó la denuncia ante el Departamento Antisecuestros de la Policía, cuyos agentes montaron un operativo para el pago del rescate en un shopping capitalino.
Hasta allí llegó la esposa de la víctima, al igual que Jorge Alberto Fernández para retirar el dinero. Luego de la entrega vigilada, se liberó a Ávalos, quien estaba en compañía de Fernández, y posteriormente este fue aprehendido y luego los dos uniformados.
Otros antecedentes
No es la primera vez que agentes del orden público están implicados en un caso de extorsión y otros delitos conexos.
El más escandaloso fue el surgido durante la investigación del robo de G. 1.850 millones, perpetrado el 19 de febrero de 2013 por el chofer de la empresa “Prosegur”, Carlos Daniel González Mallorquín.
De acuerdo a lo trascendido, afectó a los comisarios principales José Dolores Amarilla y Osvaldo Ayala Meza; los oficiales Hernán Zelaya Meza, Yoni David Mereles Martínez, Luis Alberto Núñez Colmán y Adán Darío Vera Santacruz y los suboficiales Hugo Alfredo Vigneaux Torres, Antonio Ramón Alcaraz y Pablo Díaz Cuevas, quienes fueron acusados del reparto del dinero robado, que fue hallado en la casa de González Mallorquín, en Ñemby.
En también 2007, los policías Críspulo Báez y Mauricio Fernández Rojas fueron imputados a raíz de una denuncia de Juan Carlos Ramírez, a causa de un hecho que sucedió el 11 de setiembre de ese año. El denunciante alegó que fue detenido en plena vía pública, golpeado, despojado de su celular y que su hermana tuvo que pagar G. 300.000 a dos policías para que lo liberen.