Seguridad pública de las municipalidades (Fin)

7. En un territorio determinado actúan los diversos cuerpos de Policía, razón por la cual la claridad en la división de atribuciones de los cuerpos de Policía y de las responsabilidades de las instituciones a las que pertenecen, es un tema no menor de la seguridad pública. En el campo de la potestad sancionadora municipal, la ley dispone la coordinación entre la Municipalidad y la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene la obligación de asistir a los requerimientos de los Juzgados de faltas municipales o del Intendente para el cumplimiento de leyes, ordenanzas, resoluciones, medidas de urgencia o sentencias municipales (Art. 126, Ley Nº 3966/10) y el deber de intervenir a solicitud de la Policía Municipal en la prevención de hechos ilícitos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública (art. 56, Ley Nº 3966/10). Además, la función de coordinación de los agentes de la Policía Nacional con las Municipalidades y otras instituciones para el control del tránsito en las vías terrestres habilitadas para la circulación pública viene dada por la propia Carta Orgánica de la Policía Nacional, Ley N° 222/93.

8. El amplio tratamiento de las funciones de la Policía Municipal ha sido una de las novedades de la Ley Orgánica Municipal de 2010. Las funciones abarcan materias como salubridad, medio ambiente, tránsito, obras, consumidor, recreación, cuya naturaleza es preventiva de la comisión de faltas y de los acontecimientos de siniestros.

9. Uno de los problemas de la Policía Municipal es la formación y sus recursos tecnológicos. Pese a que la Ley Orgánica Municipal dispone que la Policía Municipal debe organizar escuelas de formación o de especialización, no existe en Paraguay un instituto de entrenamiento para los cuadros policiales de las municipalidades del país, como sí lo tienen la Policía Nacional y la Patrulla Caminera. Por otro lado, es imprescindible que los agentes municipales cuenten con medios tecnológicos que faciliten su intervención y las pruebas necesarias en el marco de un procedimiento ante el Juzgado de Faltas. Ello en particular, porque la doctrina nos enseña que el elemento de la urgencia es el que activa la coacción y es con frecuencia el mismo agente quien ordena (decide qué hacer y cómo) y opera.

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10. Otro problema de la seguridad pública es la falta de coordinación y complementariedad de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La primera es que falta una ley que determine cuáles son los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, es importante repasar en la normativa las facultades de competencia respecto a la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y los guardaparques. En este contexto, es preciso redefinir el alcance de la labor de los cuerpos de bomberos.

11. En el ámbito de las municipalidades, la Ley Orgánica Municipal configura los perfiles de la urgencia en los hechos “susceptibles de causar peligro de vida o inminente daño al medio ambiente, a la salud, a la seguridad o al patrimonio público”, agregando “de tornar ineficaces los fallos judiciales o de hacer desaparecer evidencias de faltas o contravenciones”, habilitando a las vías excepcionales de aplicación de medidas de policía (art. 102) y de urgencia (art. 99). Eso sí, las medidas están sujetas a las garantías para el administrado o contribuyente en todos los casos ajustando las actuaciones de los policías municipales o funcionarios a las reglas procedimentales de los juzgados de faltas y en atención a que los actos administrativos son revisables por los órganos judiciales. En otras palabras, la ley otorga a las municipalidades herramientas valiosas para la prevención de faltas y situaciones de siniestro, pero es indefectible que existan coordinación y complementariedad, especialmente con la Policía Nacional.

12. La inseguridad es uno de los grandes temas nacionales postergados. No para de aumentar la demanda ciudadana de solución de sus problemas más acuciantes a las municipalidades, donde subyace la necesidad de otorgar mayores recursos a los municipios. La fórmula de la descentralización de los servicios públicos –las fuerzas y cuerpos de seguridad– es una propuesta a estudiarse, que traslade más recursos financieros, atribuciones y responsabilidades a las gobernaciones y municipios, de acuerdo al modelo de organización del Estado diseñado en la Constitución.

(*) Abogada

mariela_centurion@uc.edu.py (*)

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