¿Quiénes movieron los hilos?

En la madrugada del 1 de abril de 2017 el suelo de impecable color blanco del Centro Democrático como alguna vez se conoció a la sede del Partido Liberal, se vio teñido con el inconfundible color de la brutalidad, la sangre de un demócrata que salió a protestar contra el atropello de la Constitución, fue derramada tras los disparos de escopeta, durante un atropello policial al principal partido de oposición, todo esto sin orden judicial.

La confirmación de la muerte de Rodrigo Quintana, titular de la JLRA en la Colmena, departamento de Paraguarí y las circunstancias en que ocurrió, ocasionaron una profunda herida en la institucionalidad de la República, de por sí severamente maltratada por las ansias de poder de un sector político, una herida que no se sutura, porque la justicia no llega a todos los responsables del fatal atraco.

Mientras la justicia enfocaba sus acciones en la quema del Congreso, fue la presión del PLRA y de la familia Quintana la que obligó a los investigadores a posar su atención en el homicidio del joven liberal, calificado como una ejecución extrajudicial, según un informe del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU.

La presión tuvo una tibia respuesta con imputaciones a policías, entre ellos al sindicado como autor del disparo que acabó con la vida de Quintana, el suboficial Gustavo Florentín. Luego se sumó, por orden de la fiscala Raquel Fernández, al suboficial Guido Amarilla y al comisario Tomás Paredes Palma, jefe de Investigación de Delitos.

La querella no tardaría en expresar sus dudas hacia la labor de la fiscala mencionada, ya que la misma consideró que no hubo atropello por parte de los uniformados, bajo el principio de supuesta flagrancia, este no sería el único de los cuestionamientos a la agente del Ministerio Público.

Si bien entre los primeros imputados figura el presunto autor de los mortales disparos, la familia, en su afán de justicia, creía fundamental llegar a todos los responsables del hecho, no solo aquellos que fueron cortados al estar sobre la parte más fina del hilo. Pero llegar a lo más alto implicaba necesariamente molestar a las estructuras de poder.

Mientras la fiscalía apuraba las acciones para cerrar el círculo en la responsabilidad de unos policías de bajo rango y algunos jefes, era poco probable que estos hayan actuado por motus propio, según los indicios recogidos por la querella. Para la dirigencia del PLRA, lo ocurrido en los primeros minutos del 1 de abril no fue producto del azar, sino de un elaborado plan a efectos de atentar contra la principal fuerza política de oposición, representada por Efraín Alegre.

Esta hipótesis no provino precisamente del afán investigativo del Ministerio Público, sino de la querella adhesiva que halló en una serie de comunicaciones telefónicas, el elemento que podría clarificar el escenario hacia los impulsores del episodio más trágico que dejó el proyecto cartista de enmienda constitucional.

El Ministerio Público recibió con minuciosos detalles, el registro de llamadas entrantes y salientes al celular del entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, antes, durante y después de los acontecimientos del 31 de marzo y el 1 de abril. La querella pidió los datos para la realización del cruce, pero la solicitud fue ninguneada por la fiscala que alegó que los datos apuntaban más al morbo colectivo que a un interés real en el esclarecimiento del hecho.

La querella no se amilanó ante este revés y continuó en la búsqueda del cruce de llamadas y tras meses en los que se sucedieron trabas de todo tipo, logró mediante disposición de un juzgado, que las empresas de telefonía entreguen tanto a la Fiscalía como a la querella el registro de 21 líneas telefónicas durante las horas anteriormente señaladas y que sean incluidas como elementos de prueba.

Antes de que la querella acceda a tales registros, se comprobó que el máximo jerarca policial mantuvo comunicaciones con el presidente Cartes, los senadores Juan Darío Monges, Enzo Cardozo, Fernando Silva Facetti y Lilian Samaniego, así como con la abogada Basilisa Vázquez.

Sin embargo, lo que más llamó la atención esta relacionado a las personas que lideran en cantidad de llamadas al jefe policial y que a simple vista no tenían o no deberían tener injerencia en los acontecimientos que mantuvieron en vilo al país a finales de marzo de 2017.

Fueron 24 las llamadas de una línea a nombre de la firma EDIVI S.A y 16 de una línea a nombre de Las Ventanas S.A. Con el correr de las pesquisas se comprobó que la primera pertenecía al cuestionado asesor jurídico de Yacyretá, Luis Canillas y la segunda a nombre de José Ortiz, gerente de la tabacalera propiedad del presidente Cartes, pero con una activa participación en cuestiones de Estado.

La defensa de Ortiz adujo que las llamadas provenían de un ciudadano preocupado por los sucesos y no precisamente para liderar las acciones policiales. A la vez restó importancia a los datos que obran en el registro de llamadas a pesar de que el nombre fue mencionado en varias ocasiones en medio del operativo policial.

Tanto el Ministerio Público como la querella cuentan con la información en bruto, los datos serán sometidos a un peritaje, en total se procesarán datos de 21 líneas telefónicas de allegados al presidente y jefes policiales, en busca de determinar quien dio la orden de ingresar al PLRA, orden que fue ejecutada por el comisario Amado Cantero, recientemente designado a una jefatura en Alto Paraná.