El exdirectivo hizo alusión a la investigación periodística internacional sobre cuentas secretas, alegando que las publicaciones aparecen en un contexto de voracidad fiscal en el continente europeo en el que los empresarios buscan nichos para sus capitales, situación que no es considerada como delito, expresó en entrevista con Red Guaraní.
En lo concerniente al caso del presidente Cartes, quien recientemente admitió la apertura de cuentas en la década del 80, Velázquez aseguró que la difusión del caso apunta más a una cuestión política, “por tratarse de un tema del que nadie sabe mucho; además está la figura del presidente y el único que capitaliza esto es el opositor o quien vaya en contra del poder político”, agregó.
Según González, los bancos de nuestro país no tienen la capacidad para captar grandes sumas de dinero, por eso se apela a uno en el exterior con esa capacidad, previo cumplimiento de estrictas condiciones. “El banco tiene que saber el origen y el destino de los fondos, de lo contrario el banco no acepta los fondos y en caso de acoger el dinero, se expone a una intervención o directamente al cierre; la verdad es que esto no tiene pies ni cabeza, si yo investigo tampoco voy a encontrar nada”, insistió aludiendo a las cuentas del primer mandatario.
Consultado sobre su caso que le valió una condena de 10 años de cárcel, Gonzalez sostuvo que la investigación del Ministerio Público nunca probó que se hayan quedado con los 16 millones de dólares y consideró que su condena se basó en una hipótesis. El dinero estaba a nombre del banco Unión y Oriental y la intención era abrir el Unión con fines políticos, dijo.
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Al mismo tiempo reconoció que el Banco Central del Paraguay no debió haber litigado porque a su criterio se trataba de dinero privado y no público. En ese ámbito recordó que fue el entonces Nicanor Duarte Frutos quien usó el caso para su beneficio prometiendo la compra de tierras.
Acotó que el propia directiva del BCP ofreció a los abogados litigantes la devolución de los 16 millones de dólares, más otros 200 mil dólares para los abogados y la realización de un proyecto integral de provisión de agua, sin embargo todo esto fue rechazado porque se terminaba el plazo.
El juez penal de Ejecución, Isacio Cuevas, concedió libertad condicional a Julio González Ugarte, quien fuera condenado a 10 años de prisión por el desvío de 16 millones de dólares, producto de la liquidación de los bancos Unión y Oriental. El mismo, quien se desempeñaba como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, compurgó las dos terceras partes de la condena impuesta.
