La impune deforestación

Un promedio de 60 hectáreas por día se deforestan en la Región Oriental de Paraguay desde hace 10 años, a pesar de que existe la ley de Deforestación “Cero”. Nadie paró en la cárcel en este tiempo y el gobierno carece de política de Estado sobre el tema.

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El promedio señalado reporta unas 23.000 hectáreas de bosques arrasadas cada año en la Región a pesar de que desde hace 10 años existe la Ley de Deforestación “Cero”, según reportes de la organización WWF. Apenas ocho guardaparques, varios de ellos sin otros recursos que sus propias motos, deben cuidar 75.000 hectáreas que hacen a la Reserva San Rafael (Caazapá-Itapúa) y Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná), amenazados día y noche por traficantes de rollos, sojeros y narcos que buscan ampliar sus plantaciones de marihuana.

Organizaciones civiles que se dedican a la protección de los bosques se sienten desamparadas mientras la Fiscalía, la Policía, la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el Instituto Nacional Forestal (Infona) tiran cada uno para su lado, lo que demuestra una total falta de política de Estado sobre el tema. Mientras tanto, la deforestación no para sin que hasta ahora haya un solo responsable en la cárcel en todo este tiempo. Un equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de dos reservas y un Parque Nacional que forman parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) y comprobó la total desprotección – o complicidad – de las autoridades para evitar la destrucción diaria de los recursos naturales del país.

Osvaldo Godoy, uno de los guardarques del Parque Nacional Ñacunday, del Departamento de Alto Paraná, tiene que hacer todos los días gestiones para conseguir una casa en donde pasar la noche él y sus demás compañeros que trabajan en la protección de este parque, que tiene 2.000 hectáreas y con el plus del salto Ñacunday, una maravillosa cascada de 40 metros en medio del bosque.

Godoy, que trabaja hace 20 años como guardaparques y desde hace cuatro está en Ñacunday, no tiene un techo donde dormir, y todos los días tiene que pedir una casa amiga en donde conciliar el sueño, para después volver a su rutina diaria. Los guardaparques del Parque Nacional Ñacunday -tres en total- no tienen un local propio. Duermen en casas ajenas, usan sus propias motos y deben comprar sus propios proyectiles para cuidar una de las últimas zonas boscosas del Alto Paraná, amenazada todo el tiempo por depredadores de madera y productores de soja y de marihuana, incansables en la tarea de extender sus plantaciones. 

La historia de Godoy y sus compañeros pinta de manera triste el interés que el Estado le da al cuidado de sus recursos naturales en la región. Al menos ahora ya están construyendo su propio local, gracias a la donación del concejal Bernardino Navarro, quien cedió parte de su terreno a favor de los guardaparques.

La Ley 2524, conocida como de “Deforestación Cero” para la región oriental, si bien se promulgó en 2004, entró en vigencia a partir de 2005. Pero lo único “cero” que se logró con esta normativa es hacerla cumplir, ya que desde que entró a regir en nuestro país, se arrasaron con 231.882 hectáreas de bosques en la región que corresponde a la BAAP, que abarca territorios de los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá.

En estos lugares y sus zonas de amortiguamiento se hace poco o nada para evitar el tráfico de rollos y de madera, la invasión de producciones sojeras en territorio de las Reservas y eliminar las plantaciones de marihuana, estimuladas por grupos narcos que cada día van ganando más terreno.

Una de las organizaciones que trabaja en la conservación de la Reserva San Rafael es Pro Cordillera San Rafael (Procosara). Esta entidad, con recursos propios, paga a cuatro personas que trabajan como guardaparques, pero que oficialmente son monitores forestales. Como apoyo van dos guardaparques de la SEAM, con lo que suman seis personas que se turnan por día para el cuidado de 73.000 hectáreas que tiene la Reserva.

Para llegar hasta el local de Procosara se debe pasar por extensas plantaciones de todo tipo de granos que abundan en la zona. La Reserva está ubicada a unos 450 kilómetros de Asunción, entre los distritos de San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira, Edelira, Itapúa Poty, Alto Vera y San Pedro del Paraná, del departamento de Itapúa, y los distritos de Tava'í, San Juan Nepomuceno y Yuty del departamento de Caazapá. Dentro de la Reserva y alrededores -que aún conserva gran variedad de flora y fauna- se concentran varios asentamiento indígenas y campesinos, que por las desgracias de sus circunstancias, representan una parte importante del problema para la conservación de estos bosques.

El Bosque Atlántico del Alto Paraná está asentado en una de las regiones consideradas más ricas en recursos naturales y la de mayor producción agrícola del país. Pero a la vez, es la que tiene las zonas de más alto índice de pobreza, sobre todo en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en donde cordones de asentamientos campesinos empobrecidos crecen a la par de las extensiones agrícolas. Las tierras de la Reserva San Rafael se volvieron en objetivos de campesinos que buscan madera, de sojeros obsesionados con más terrenos para plantaciones y de los grupos narcos interesados cada vez más en instalar sus plantaciones de marihuana en una zona donde prácticamente no existe control estatal.

En la zona de amortiguamiento de la Reserva se instalaron con el paso de los años varios asentamientos campesinos. Muchos de ellos lograron obtener la titularidad de sus tierras a través del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con la supuesta reforma agraria, mientras otros todavía están en proceso. En medio de grandes extensiones agrícolas, atravesando picadas de tierra roja que se vuelven intransitables en cada lluvia, sin los servicios básicos mínimos, las únicas opciones que se presentan para las familias campesinas que viven por la zona son el cultivo de subsistencia, la venta o alquiler de sus derecheras a los productores de soja o la plantación de marihuana. Las familias que todavía se dedican al cultivo de subsistencia hacen honor a esa denominación; subsisten en medio de enormes carencias y precariedades, y cada día se ven más presionados a ceder ante lo que parece imparable: la extensión de plantaciones.

La salida más rápida a la hora de obtener dinero para las comunidades de la zona es la extracción de madera de las Reservas, sobre todo, por la impunidad que existe. El negocio es financiado mayormente por los brasileños, que pagan por todo tipo de madera, ya que lo que no se usa para muebles, se utiliza para carbón, otro rubro muy requerido por los brasileños de frontera. Para satisfacer las necesidades de los “inversionistas” del país vecino, los depredadores instalan “miniaserradero” en pleno bosque, de donde sacan los tipos de madera requeridos por los compradores. Y si no se puede sacar la madera aserrada, se puede sacar por rollos. Grandes camiones cargados de rollos salen de las reservas de día y de noche, sin mayores problemas, llegando a las rutas.

Recorrer en vehículo la Reserva San Rafael y la zona de influencia por sus caminos de tierra roja levanta tanto polvo como sospechas. Los “campanas” de los depredadores se ubican en estratégicas esquinas de las picadas, desde donde avisan cualquier movimiento de vehiculo desconocido. Anteriormente el aviso de los campanas se hacía con explosiones de petardos “tres por tres”, pero ahora la tecnología les permite comunicarse con celulares o radios. Por ahora, los únicos que hacen controles diarios de la Reserva San Rafael son los monitores forestales de Procosara, que en algunas ocasiones, reciben el apoyo de un par de guardaparques de la SEAM. Para hacer el trabajo, cuentan con una sola camioneta, que ya requiere a estas alturas de un mantenimiento técnico importante.

Tiempo atrás, efectivos de la Agrupación de Policía Ecológica y Rural (APER) acompañaban más de cerca los recorridos diarios en la Reserva, pero después pidieron un pago extra “así como pagan los estancieros” para que cuiden de sus haciendas, lo que truncó toda ayuda policial para el resguardo de esta unidad policial. Pagar un sobresueldo a los policías ya escapaba del presupuesto de Coprosara, por lo que sus monitores forestales tuvieron que volver a trabajar solo con agentes de la SEAM.

Las intervenciones de otros organismos del Estado, como la Fiscalía Ambiental o la Policía, se dan de a ratos y ante una denuncia formal de los guardaparques o de las autoridades de Coprosara. En efecto, resulta complicado para la fiscalía medioambiental encargada de la Reserva hacer intervenciones más seguidas, teniendo en cuenta que la oficina de dicha dependencia fiscal se encuentra a 120 kilómetros de distancia de la Reserva, en Encarnación, en donde también está la oficina del Instituto Forestal Nacional (Infona), entidad que debe velar por la emisión y control de las guías forestales habilitantes para el traslado de maderas.

Para quienes trabajan en proteger estos recursos naturales, carecer de apoyo estatal es una preocupación constante, pero la situación llega a un punto casi de desesperación e impotencia cuando se comprueba la complicidad de parte de funcionarios estatales -que en teoría deberían ayudar a cuidar los bosques- en la actividad ilícita.

El 15 de junio de este año, campesinos que estaban trabajando con motosierra echando y aserrando árboles en plena Reserva, recibieron a balazos de escopeta a guardaparques de la SEAM y a los monitores forestales de Coprosara cuando estos fueron a verificar lo que ocurría. Nadie resultó herido, pero los afectados hicieron la denuncia ante la Comisaría 110 de la compañía “Cuatro Puentes”, del distrito Alto Vera, que es la más cercana al lugar. Tres días después del incidente, desde Coprosara llamaron a la Fiscalía del distrito de Alto Vera para preguntar cómo avanzaba la investigación. Grande fue la sorpresa de la fiscala María del Carmen Palazón al enterarse en ese momento que hubo un tiroteo en plena reserva, ya que los efectivos policiales de la Comisaría 110 nunca elevaron la denuncia de Coprosara ante el Ministerio Público. Un mes después, Palazón imputó por obstrucción a la investigación fiscal a los policías encargados de dicha comisaría, Mayor Pedro Ortigoza, y su ayudante, Suboficial César Arnaldo Amarilla, quienes fueron relegados de sus cargos.

Aquella vez, los depredadores dejaron un mensaje, escrito con aceite de motor sobre una madera acerrada, recién cortada: “Fuera Parquero o te mato”. Desde entonces, los guardaparques ya no volvieron a hacer recorridos por la zona. No era la primera amenaza que recibieron los trabajadores ambientales que resguardan esta Reserva, ni la primera vez que sus denuncias ante las autoridades terminaban en la nada.

En las zonas aledañas a las reservas conviven varias comunidades campesinas, que empezaron años atrás como asentamiento. Taguato'i es una de ellas y cuenta con un centenar de familias. El denominador común de estos alejados pueblitos son la pobreza, la falta de recursos (camino, luz, agua) y crecientes necesidades insatisfechas; ante este panorama, no es difícil caer en la tentación de desmontar los bosques, ya sea para vender la madera o lo que últimamente está ganando mayor mercado en la región; hacer de lo extraido carbón para venderlo hacia Brasil.

Anteriormente, lo que más buscaban los depredadores eran las maderas como “yvyra pytã” o el cedro, por la calidad de las mismas. No obstante, últimamente “se llevan hasta las hojas” asegura uno de los guardaparques de la Reserva, ya que todo lo que se puede extraer sirve para hacer carbón. En efecto, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), desde 2011 a junio de 2015, Paraguay exportó en forma oficial 244.233 kilos de carbón vegetal al Brasil, principal mercado legal e ilegal de este producto. Según estimaciones de exfiscales y fuentes policiales, lo exportado legalmente al vecino país no representa siquiera el 20% de lo que realmente va cada año.

El pasado 4 de junio de este año, en la zona de Arroyo Claro, de Itapúa Poty (Jukeri), departamento de Itapúa, en plena reserva San Rafael, una comitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la SEAM, la Fiscalía ambiental y la fiscalía distrital, constató la deforestación de cinco hectáreas de bosques para la plantación de marihuana que ya fue cosechada en su totalidad. No era la primera vez que se hacía este tipo de descubrimientos en el predio correspondiente a la Reserva. En los últimos dos años, en este tipo de esporádicas incursiones, las autoridades decomisaron unas 18 toneladas de marihuana, gran parte de ellas ya procesadas dentro de la Reserva y listas para su venta. Durante el recorrido realizado hacia la zona de Arroyo Claro, el equipo de ABC Color se encontró con un joven armado como si estuviera en una zona de guerra. Escopeta al hombro, pistola y cuchillo a la cintura. Oficialmente, nadie pudo determinar qué hacía este joven en allí y con ese armamento, pero la cuestión era evidente; era uno de los cuidadores de las plantaciones de marihuana.

Cada día, el cultivo de la hierba verde cautiva a más campesinos y también a grupos indígenas, que encuentran en la marihuana la forma más apetecible de hacer rendir sus tierras, y todo parece muy fácil ante el nulo control que se hace por parte de las autoridades nacionales. El único requisito que piden -más bien, exigen- quienes financian las plantaciones es cumplir con el código del silencio.

Para los guardaparques o trabajadores de las organizaciones que trabajan en la protección de la Reserva, hablar de la marihuana está prácticamente prohibido ante los riesgos que se exponen si se filtran datos. En la memoria de todos ellos sigue latente lo ocurrido con Bruno Chevugi, un guardaparques Aché que trabajaba en la Reserva de Mbaracayú (Alto Paraná) para la fundación Moisés Bertoni. El 7 febrero de 2013, Chevugi fue asesinado cuando hacía patrullaje junto a otros compañeros sobre el río Jejuimí, que cruza toda la Reserva. Su cuerpo fue encontrado dos días después de la emboscada. Desde un primer momento, se especuló que su muerte fue orquestada por grupos narcos que estaban buscando ganar terreno en la zona del Mbaracayú para plantar marihuana.

En la Reserva que administra la fundación Moisés Bertoni, hay un monumento en recordación a Chevugi, pero lo que hasta ahora se espera, dos años después, es que haya justicia en su caso. Chevugi fue un gran lider Aché de su zona y un férreo defensor de las tierras ancestrales de su comunidad. 

Desde 2005 hasta hoy nadie fue enviado a la cárcel por deforestación en Paraguay a pesar de que la Ley de “Deforestación Cero”, promulgada hace diez años, impone sanciones carcelarias de 3 a 8 años o multas a los infractores. Así confirmaron desde la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.

Según Gustavo Florentín, asesor legal de la Conaderna, quien hace años trabaja en temas medioambientales, no existen registros sobre personas que hayan sido condenadas por deforestación, ya que desde hace tiempo vienen insistiendo justamente sobre este tema ante los estrados judiciales.

En la Ley de “Deforestación Cero” se menciona que los infractores deberán cumplir con sanciones previstas en la ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente”. El artículo 4 de esta normativa expresa que se sancionará con penas carcelarias (3 a 8 años) o multas a quienes “realicen tala, quema de bosques o formaciones vegetales que perjudicen gravemente el ecosistema” (inciso A).

Como muestra de la impunidad, vale un botón. El lunes 13 de abril de este año, una comitiva fiscal intervino la carpintería “Urundey”, de Carlos Insaurralde, ubicada en Encarnación. Los intervinientes llegaron hasta allí siguiendo a un camión de gran porte cargado de madera aserrada que salió el día anterior -domingo 12- de la Reserva San Rafael, desde donde extrajeron la madera en forma ilegal.

La Fiscala a cargo del operativo, Raquel Bordón, ante las evidencias que encontró imputó a Insaurralde, dueño de la carpintería, y a Anacleto Aquino Leiva, ciudadano paraguayo que ya tiene antecedentes por delitos ambientales en los registros del Ministerio Público. El día del operativo, Aquino Leiva se escapó. La Fiscalía lo declaró en rebeldía y pidió su prisión preventiva.

El 5 de junio, Aquino Leiva se presentó ante el juez penal de Encarnación Máximo Martín Ortega para ser procesado. El magistrado decidió, ese mismo día, dejar sin efecto la orden de captura y detención de Aquino Leiva, además de pedir a la Fiscalía que reinicie el proceso de investigación. Según se informó, el juez solo impuso medidas alternativas a la prisión a Aquino. La Fiscalía apeló esa decisión del juez, pero el 17 de julio, el tribunal de apelación penal, segunda sala, integrado por Alejandro Paseniuk, Zully Aca Velázquez y Fausto Cabrera, confirmó la medida sustitutiva a la prisión a favor de Aquino Leiva que había decidido el juez Ortega en el caso.

La Fundación Guyrá Paraguay era dueña hasta hace un tiempo de 500 hectáreas dentro de la Reserva San Rafael. En octubre de 2012, esta organización denunció el ataque a la oficina que tenía el organismo dentro de la Reserva, en la zona conocida como "Kanguery". Tres desconocidos incendiaron el local de Guyrá, justo semanas después de que esta organización haya denunciado la plantación de marihuana en la zona. Tiempo después, la fundación cedió estas 500 hectáreas al Indert. 

A pesar de que las autoridades pertinentes conocen la ruta de los rollotraficantes, hasta hoy, todo sigue igual. En junio de 2013, la Fiscalía contra delitos ambientales de Encarnación presentó un informe a sus superiores, a la Policía y al Infona sobre las vías usadas por traficantes de rollos para la extracción de madera de la Reserva San Rafael. Hasta hoy, nadie movió un dedo para controlar esas zonas.

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, dicha unidad especializada contra delitos ambientales envió un detallado informe a sus superiores y a otras entidades sobre nueve vías terrestres usados por los traficantes para extraer madera de la Reserva. El documento es un material de pocas páginas, pero contundente. Por ejemplo, se citan las coordenadas georreferenciales, así como de los caminos utilizados por los traficantes.

El informe destaca las condiciones de los caminos, qué tipo de logística utilizan los depredadores y los asentamientos campesinos por donde salen. Indica hasta los lugares donde cargan los rollos o la madera aserrada a los camiones, porque en algunos puntos los sacan con tractores o en carros estirados por bueyes. Sin embargo, nunca se controlaron esas zonas por donde hasta hoy, se extraen maderas. 

Lejos de los grupos indigenistas de saco y corbata que desfilan en Asunción, en la Reserva San Rafael, a unos 450 kilómetros de la capital, viven 15 comunidades indígenas. Las mismas, a la vez, poseen alrededor de 15.000 hectáreas que les fueron entregadas como parte del programa de la formación de la reserva en 1992.

Bajo carpas y en condiciones mínimas de salubridad e higiene, los indígenas viven en el lugar y van desmontando cada vez más los bosques para alquilar sus tierras para el cultivo de soja o maíz, actividad prohibida por la normativa que les permite estar en la reserva. Sin embargo, cumplir las leyes ambientales es lo que menos se hace en estas 73.000 hectáreas de fauna, flora, pobreza e impunidad.

Lucio Martínez es el cacique de una de las comunidades, de la parcialidad Mbya Guaraní, que vive en la zona, y recibió al equipo de ABC Color cuando estaba haciendo su recorrido de la tarde, buscando algo que rescatar para llevar a su casa. Machete en mano y con los pies descalzos, Lucio Martínez dijo que estaba consciente de que el alquiler de sus tierras no obedece ni a las tradiciones ancestrales que tienen ni a sus costumbres y que va en contra de la ley, pero añadió que el hambre no sabe de obligaciones legales o morales. “No tenemos otra que alquilar nuestras tierras”, dijo Martínez.

En la comunidad de Martínez conviven 11 familias, que ya llevan deforestadas cerca de 80 hectáreas. Martínez confirmó que alquilan sus parcelas a empresarios sojeros paraguayos, que pagan entre G. 1.500.000 y G. 2.000.000 (320 a 360 dólares) la hectárea por un año. Los niños no van a la escuela y la comunidad carece de agua potable y de energía eléctrica. “Comemos lo que podemos y cuando podemos”, explicó Martínez, en medio de cuatro hectáreas recién deforestadas que alquilarán a empresarios de la soja. Acotó que no recordaba el nombre de las personas que les pagan por el alquiler de sus tierras.

Sin embargo, el líder indígena recordó rápidamente que la última visita del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a la zona fue hace unos cinco años. Aseguró además que anteriormente les traían víveres, principalmente de parte de la Secretaría de Emergencia, pero que esa ayuda en los últimos tiempos dejó de llegar. El Proyecto de la Reserva -que apunta a ser un parque nacional- reconoce y respeta la cultura indígena. En tal sentido les concede como habitantes ancestrales de esas tierras el derecho a vivir en la reserva, preservando sus costumbres.  

Sin embargo, para los indígenas, cada día es más difícil vivir de la caza y de la pesca, mientras que alquilar esas tierras para el cultivo de soja se vuelve más apetecible por el pago. Incluso se menciona que las están usando para plantar marihuana, pero con las comunidades que están dentro de San Rafael eso no ocurre.

En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú -que también forma parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP)-, esta misma situación se presenta, pero con las comunidades indígenas que viven en la zona de amortiguamiento de la misma. Es decir, en los alrededores. Las tierras de las comunidades indígenas que están en los alrededores de Mbaracayú, que antes eran bosques, hoy se convirtieron en enormes sojales.

La Fundación Moisés Bertoni trabaja hace años en la conservación de la Reserva del Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú, que posee unas 64.000 hectáreas. En el lugar, esta organización armó su propia escuela para fomar a jóvenes campesinas e indígenas como técnicas agropecuarias. En efecto, el instituto -ubicado en la entrada misma de la administración de la Fundación- cuenta con un sistema de internado para las jóvenes de la zona, todas de escasos recursos, que estudian durante tres años y se reciben con el título de bachiller en "técnico en ciencias ambientales y hotelería". Actualmente, en la escuela están internadas unas 120 jóvenes, muchas de ellas son de grupos indígenas de la zona, que aprenden el manejo ambiental. "Nuestra idea es que ellas mismas sean protectoras de nuestro bosque del Mbaracayú. Entendemos que si educamos a una mujer, estamos educando un hogar. Para nosotros es fundamental que las jóvenes entiendan que la tala de bosque y deforestación atenta contra nuestro ambiente", afirmó Elisandro González, director académico de esta institución que apunta a seguir promoviendo más jóvenes comprometidas con el cuidado de la reserva y de la naturaleza del Mbaracayú. 

Este reportaje fue realizado por Aldo Benítez para Abc Color en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.