Más allá de los papeles

A 13 años de la primera de las tres condenas de la CIDH al Estado paraguayo, por no restituir sus tierras a comunidades indígenas de Presidente Hayes, todavía persisten numerosas trabas que impiden la reparación total. Una de las comunidades afectadas considera que en la actualidad solo lograron un trozo de papel.

La postergación, el despojo y la expulsión forzada han marcado la historia de los pueblos indígenas del Paraguay, considerados como legítimos dueños de sus territorios ancestrales, incluso antes de la conformación del Estado paraguayo, por la Constitución Nacional. Hoy se ven forzados a implorar migajas a las instituciones que, a su vez, se muestran incapaces de aportar soluciones concretas a los reclamos.

Décadas de despojo y postergación han debilitado severamente la vida de la población nativa en nuestro país, desde la pérdida de sus medios de subsistencia y su lenguaje. Tres comunidades indígenas, Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, al no contar con el apoyo del Estado paraguayo a través de sus tres poderes, siguieron resistiendo con los resortes disponibles en materia legal y que hoy les permiten contar con sentencias favorables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dicha instancia condenó al Estado en tres ocasiones entre 2005 y 2010 y exige la restitución de más de 31.000 hectáreas a dichas comunidades, donde la situación de mayor complejidad se puede constatar con un recorrido por la ruta Bernardino Caballero, que une Pozo Colorado con Concepción, hasta donde fueron expulsadas cerca de 70 familias de la etnia Yakye Axa.

El caso Yakye Axa le valió al Estado una de las tres sentencias condenatarias de la CIDH, que constató la violación de sus derechos y ordenó la restitución de su territorio ancestral, cerca de unas 12.000 hectáreas; sin embargo, esta sentencia aún no puede ser ejecutada con la titulación a favor de la mencionada comunidad.

A pesar de que el Estado adquirió las tierras en 2012, los Yakye Axa no pueden ingresar a las mismas por la falta de caminos. El terreno se encuentra en medio de dos establecimientos privados y se requiere la apertura de 33 km de camino para que los nativos puedan concretar el ansiado reasentamiento, explicó el abogado José Paniagua, de la organización Tierraviva.

“Para la conciencia de los miembros de la comunidad lo que se logró fue un pedazo de papel. Porque, a efectos legales, no pudieron aún acceder a sus tierras. Se está gestionando una servidumbre de tránsito; mientras tanto, la comunidad continúa en la misma situación al costado de la ruta, expuestos a los rigores del clima, accidentes de tránsito, y sus niños sin un lugar donde jugar”.

Con la servidumbre de tránsito, las propietarios de los terrenos privados deberán ceder el paso para que las familias puedan llegar a sus tierras. Además, permitirá comunicarlos con otra comunidad, “es decir, un camino de todo tiempo será beneficioso para los nativos y para los ganaderos, razón por la cual no se puede dimensionar el porqué de la oposición”, insistió el profesional.

De hecho, existe el trazado y una medida cautelar por la cual se autoriza a técnicos del MOPC y del Indi a verificar el terreno y recomendar por dónde debería construirse el futuro camino, unos 33 kilómetros, una obra de mínima envergadura que podría concretarse en aproximadamente dos meses, si se consiguen los permisos, de acuerdo a declaraciones del titular del MOPC.

En 2006, la CIDH condenó al Estado paraguayo, esta vez por incumplimiento de Derechos Humanos a favor de la comunidad Sawhoyamaxa, y como en el caso anterior, todo quedó en los papeles, pero los nativos -en lugar de esperar pacientemente el cumplimiento que no se dio- decidieron ocupar una porción de terreno y siguen aguardando la titulación para que la restitución sea total y se ajuste al mandato de la instancia internacional.

Además de la sentencia, el Estado, a través de la ley de expropiación, cedió 14.404 hectáreas; no obstante, existen discrepancias en lo referente al monto de indemnización para dos propietarios y que se encuentra en estratos judiciales. Si bien el Gobierno estableció cerca de G. 34.000 millones como indemnización, los dueños de los terrenos afectados por la expropiación manifestaron que ese monto no se ajustaba a los valores de mercado.

La ocupación no escapa a la incertidumbre, ya que esa tan añorada paz y tranquilidad que permita a los nativos continuar con su vida en su territorio se ve interrumpida por la incertidumbre y hasta el hostigamiento de desconocidos, quienes se aprovechan de la situación de indefinición de los límites y buscan desalentar o directamente desplazar a los nativos, según denunciaron.

A diferencia de los Yakye Axa, los Sawhoyamaxa al menos están en condiciones más favorables, no al costado de la ruta, ya que tienen casas construidas y espacios para que las criaturas puedan desenvolverse, pero falta la titulación, que el terreno esté delimitado y poder avanzar con el proyecto de desarrollo. Mientras esto no ocurra, seguirá el amedrentamiento, agregaron.

Hasta el momento, el mayor avance en materia de restitución de tierras se dio en el caso de la condena por violación de derechos de la etnia Xákmok Kásek, aunque, al igual que en los casos anteriores, persiste la deuda de la transferencia de las tierras a su favor.

El Estado adquirió 7.701 hectáreas, parte de su territorio tradicional demostrado en la sentencia, quedando otras 3.000 de remanente que se encuentran pendientes de transferencia a nombre de la comunidad. Esta porción de terreno todavía se encuentra a nombre del Indi, que adquirió y, según la organización Tierraviva, es un proceso avanzado.

Más allá de tales sentencias, al camino de restitución de los territorios ancestrales a los legítimos propietarios le queda un recorrido largo y angustioso, por la extensión de suelo y la falta de datos estadísticos. Solo por intermedio de la mencionada organización se restituyeron 160.000 hectáreas en los últimos años, pero en términos de registro no se alcanza a cumplir los estándares establecidos en la Ley 904/81.

Un estudio sobre tierras inscriptas a nombre de comunidades indígenas da cuenta de que se está muy lejos de las 100 hectáreas mínimas por cada familia integrante de una comunidad nativa en el Chaco. Esto obedece básicamente a la falta de políticas públicas para las poblaciones indígenas. Para muestra, solo basta revisar el presupuesto del Indi y la cantidad de funcionarios para comprobar el grado de desatención e invisibilización de la problemática de los pueblos originarios en el país.

Cada sentencia de la CIDH contempla puntos resolutivos; el principal tiene que ver con la restitución de las tierras y otros, tales como el desarrollo de proyectos cuando una comunidad esté asentada. También se contempla vivienda y adecuaciones sanitarias y escuelas, entre otros puntos.

Paraguay no ha cumplido con tales puntos, desde el principal hasta los secundarios. Para considerar que la restitución fue efectiva, esa fracción debe figurar a nombre de las comunidades afectadas por las sentencias, registralmente hablando, lo que hasta la fecha sigue como materia pendiente.

Además de la deuda histórica, el incumplimiento de sentencias internacionales arrastra al Paraguay a ser objeto de multas, específicamente por el caso Xákmok Kásek, de 10.000 dólares por cada mes de atraso en la restitución, dinero que no puede ser atribuido a un gobierno, sino que resulta una carga para el contribuyente.

“Si existiese voluntad de cumplir no estaríamos ahorrando esos montos, y además constituye un mensaje a la comunidad internacional de que Paraguay es un país serio, un país que viola derechos básicos de poblaciones indígenas. No sé qué autoridad tendría para solicitar créditos; además, un Estado sometido a tratados internacionales que termina incumpliendo demuestra una incoherencia importante”, apuntó.

La pérdida de los territorios ancestrales tiene su origen en la venta indiscriminada de tierras en el Chaco. La mayoría de las transacciones se dieron con las comunidades “dentro”; antes de eso, sus miembros vivían con cierta armonía y, como no requerían de título, tenían un suelo abierto para desarrollar libremente su cultura, para usar el suelo para plantas medicinales, vivir de la cacería, recolección de miel y de frutos silvestres.

Se fue dando una atomización que derivó en los atropellos y las comunidades fueron expulsadas fuera de los territorios alambrados que alguna vez fueron suyos a lugares a la deriva. Con el paso del tiempo, la deforestación fue complicando aún más el panorama, porque empujó a los nativos a cambiar la forma en que alguna vez usaron el suelo, como así también sus formas de subsistencia.

Las secuelas son visibles tanto en áreas rurales como en las urbanas: el desgaste del suelo ya no les ofrece las condiciones para continuar viviendo como lo hacían anteriormente, los ancianos que fallecen se llevan consigo el conocimiento de las lenguas originarias, mientras que los jóvenes se vuelcan al mercado laboral, mayormente como peones. Estos problemas se buscan paliar con los proyectos de desarrollo incluidos en la sentencia.

Según el último censo, la etnia Sawhoyamaxa (Villa Hayes) es la de mayor concentración, específicamente unas 200 familias; los Yakye Axa (Villa Hayes) son alrededor de 80 familias y los Xákmok Kásek (Tte. Irala Fernández) cerca de 70 familias, datos sujetos a modificaciones.