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Hasta el 10 de abril, el total de funcionarios públicos era de 258.052. De esta cifra, el 81 por ciento corresponde al plantel permanente y el 19 por ciento a contratados, de acuerdo a las estadísticas de la SFP en su página web (ver galería de fotos).
En el 2012, los estatales eran 257.028. La diferencia respecto a la cantidad mencionada del primer cuatrimestre es de 1.024. Es decir, mil funcionarios más de enero a abril de este año.
La incorporación de nuevo personal, supuestamente, está prácticamente parada hasta que asuma el nuevo gobierno el próximo 15 de agosto, teniendo en cuenta que el presidente electo, Horacio Cartes, pidió a la administración de Federico Franco que se paren las contrataciones, además de las licitaciones.
Sobre el punto, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, dijo esta semana que si bien están regulando las nuevas incorporaciones, hay entes que necesitan de forma urgente sumar funcionarios, por lo que se analizan las contrataciones “caso por caso”.
El año pasado, la SFP contabilizó 257 mil funcionarios, mientras que en 2011 eran 239 mil, entre nombrados y contratados. Esto representó un incremento de 17 mil empleados públicos en un año meramente electoral, entre el gobierno de Fernando Lugo y el de Franco. Los mil funcionarios de estos primeros cuatro meses son apenas un “remanente”.
Para el pago de los salarios del sector, el fisco destina casi el 90 por ciento de la recaudación. Mensualmente, son 1, 3 billones de guaraníes (US$ 320 millones) que van a los denominados “gastos rígidos”, principalmente para salarios, además de jubilaciones, transferencias a entidades descentralizadas y deuda pública.
Buscando frenar este y otros gastos desmedidos, existe una propuesta de ley de responsabilidad fiscal. El proyecto, que todavía no fue presentado al Congreso, pretende evitar desbordes en el presupuesto y asegurar el pago de las deudas, según dijo Germán Rojas, del equipo de transición del gobierno electo. De aprobarse, la ley ya sería aplicada en la elaboración del Presupuesto General de la Nación 2014.
Mientras llega la ley de responsabilidad fiscal al Parlamento, los legisladores estudian un proyecto de ley que establece un reajuste salarial automático del 10 % para los funcionarios públicos, cada vez que la inflación sea el mismo porcentaje.
La propuesta de los diputados colorados Óscar Tuma, Artemio Barrios, Víctor Yambay y Cándido Aguilera, fue presentada el año pasado y hace una semana fue analizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, presidida por otro colorado, Carlos Liseras.
El proyecto también plantea una gratificación anual del 100 % equivalente al último haber percibido, para jubilados y herederos beneficiarios de la caja fiscal de pensiones y jubilaciones.
De prosperar, tendrá un alto impacto en el presupuesto, a menos que la ley de responsabilidad fiscal se apruebe antes.