Los beneficiarios aguardaban durante varias horas, en fila que se extendían por cuadras, para ingresar a los negocios a realizar sus compras a través de sus billeteras electrónicas. En todos los casos se notó que no respetaban el protocolo sanitario en cuanto a la distancia y muchos no usaban tapabocas.
Las comisarías jurisdiccionales y los equipos fiscales designados para realizar los controles para cumplir el decreto presidencial no intervinieron para dispersar a las personas.
Se reitera que los beneficiarios tienen plazo máximo de 90 días para usar el dinero transferido y lo pueden hacer en forma parcelada.
Los programas de asistencia social son para personas en estado de vulnerabilidad que se quedaron sin ingresos económicos tras decretarse la cuarentena obligatoria.
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