Los técnicos del ente contralor auditarán la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los ejercicios 2019 y del primer cuatrimestre de 2020.
La Municipalidad deberá proporcionar todos los documentos relacionados con los balances y la totalidad de las órdenes de pago originales de los recursos propios, royalties y Fonacide.
El intendente Caballero administra Minga Guazú desde 2010 y es esposo de la diputada Blanca Vargas de Caballero.
Los funcionarios de la Contraloría permanecerán durante una semana en la Comuna minguera y, una vez recolectado los datos, se trasladarán a la Capital para examinar los documentos proporcionados.
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Gustavo Arana, supervisor de la comitiva, estimó que en dos meses se tendría un informe preliminar de la auditoría. Si eventualmente se detectan anomalías, se solicitará a la Municipalidad el descargo para posteriormente se emita el informe final.
Los auditores no revelaron si la fiscalización fue dispuesta a raíz de la denuncia de los concejales o si se trata de una tarea de control de rutina.
En junio pasado los concejales disidentes César Eudes Mereles Portillo (ANR), Proto Meza (ANR), Óscar Romero Roa (ANR) y Edgar Franco Barrios (ANR) habían solicitado una auditoría financiera y de cumplimiento del ejercicio 2019 para verificar presuntas anomalías en la gestión del intendente cartista.
Entre las irregularidades denunciadas figuran un supuesto faltante de G. 116.298.838 en la cuenta de royalties y otro presunto faltante de G. 1.208 millones en la cuenta bancaria de recursos propios. Además, de millonarias adjudicaciones a empresas vinculadas a la diputada Vargas de Caballero, entre otras.
Los concejales disidentes alegaron que recurrieron a la Contraloría, ya que durante el estudio del balance de 2019 del jefe comunal en la Junta Municipal no tuvieron oportunidad de exponer sus argumentos sobre las supuestas irregularidades.
El jefe comunal dijo que celebra que la Contraloría se haya instalado en el municipio y sostuvo que se despejaran cualquier duda existente. Además, acusó a los denunciantes de iniciar su campaña política con acciones contra su gestión para ganar notoriedad en vista a las próximas elecciones municipales.