El automóvil Toyota Allion, de color plata y chapa CEV 141, quedó abandonado frente a un lavadero ubicado en el barrio San Lucas. El rodado estaba en poder de un tal Fernando, quien es un usurero que se encuentra en la mira de la fiscala Zunilda Ocampos Marín por supuestamente integrar una red extorsiva.
El vehículo fue despojado del poder del joven Gabriel Ramón Prieto Medina en la madrugada del sábado 17 de julio. Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, los autores del despojo son cuatro agentes que se movilizaban en la patrullera de la comisaría del barrio San José.
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La víctima declaró en la Fiscalía y dijo que fue interceptado por los policías quienes le trasladaron hasta la sede de la comisaría séptima. Allí, los uniformados supuestamente agredieron al propietario del auto y a su acompañante Víctor David Meza, para luego exigir el pago de G. 7 millones para no ser incriminado en el narcotráfico mediante plantación de drogas dentro del rodado.
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Como el afectado no tenía dinero, los uniformados le habrían obligado a entregar el rodado al usurero Fernando para conseguir el dinero para el pago de la extorsión. El usurero se había trasladado hasta la comisaría para hacer firmar un documento a la víctima y quedarse con el vehículo ajeno.
Seis policías estaban de guardia cuando se produjo el apriete, pero al menos cuatro están implicados. El subjefe Nicodemo Méndez y sus subalternos Francisco Prieto, Alcides Villalba González, Antonio Ávalos, Pedro Javier López y Carlos Ovelar Godoy están investigados por la Fiscalía.
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En junio pasado un conductor de Uber denunció un caso similar que involucró a los policías de la comisaría del barrio San José, por lo que se sospecha que en la citada oficina policial funciona una organización delictiva integrada por uniformados y usureros. En vez de investigar a los implicados en el primer caso, el fiscal Luis Trinidad actuó como abogado de los supuestos polibandis y recomendó a la víctima llegar a un acuerdo con los denunciados, según el testimonio del trabajador del volante. En su descargo, Trinidad había negado el hecho.
La fiscala Ocampos Marín prometió que aplicará la ley ante los cuestionamientos por la complicidad del Ministerio Público con los polibandis en el primer caso.
El comisario Silvino Leguizamón, director de Policía en Alto Paraná, dijo que solicitó la intervención de la oficina de Asuntos Internos para que envíe una comitiva con el fin de acompañar la investigación de la Fiscalía.