Caso de tortura militar tras muerte de policía cumple un año de impunidad

A medianos de julio del año pasado, los marinos iniciaron una violenta incursión en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, tras el asesinato del suboficial Marcos Agüero González (22) registrado media hora antes durante un enfrentamiento con criminales en la ribera del río Paraná.

Los militares irrumpieron de forma violenta y sin orden de allanamiento en los domicilios del vecindario. Los uniformados aprehendieron a los vecinos, quienes luego fueron torturados en su propia casa o en la calle, según se observó en videos viralizados en redes sociales.

Los agentes -bajo tortura- interrogaron a los moradores sobre la identidad de los asesinos del suboficial Agüero González. La violencia fue aplicada sin discriminación y afectó hasta a menores de edad que quedaron con la piel lacerada a raíz de las agresiones crueles.

Pero la tortura no terminó en el barrio. Un grupo de 35 personas fueron llevadas hasta la base de la Prefectura Naval del Este, donde se replicaron las prácticas violentas por varias horas, según el testimonio de los afectados.

De acuerdo a un reporte de la CODEHUPY, las personas aprehendidas fueron obligadas a permanecer en el suelo, boca abajo y siguieron los golpes de cachiporras, mangueras y soga.

Los militares -al mando del capitán Walter Díaz- impidieron por casi 12 horas a los familiares y abogados visitar a los detenidos en la base naval. Alrededor del mediodía recién se supo el motivo: los aprehendidos llegaron a la Fiscalía con la piel lacerada debido a la violencia de la que fueron víctimas.

Lea más: Estudiantes piden sanción a responsables de muerte de marino y de tortura

Las imágenes de la agresión generaron indignación en la sociedad y varias organizaciones sociales emitieron comunicados para exigir justicia en el caso de la tortura, al igual que en el asesinato del suboficial Agüero González.

Inicialmente, la fiscala Hermenegilda Cubilla fue designada para investigar las agresiones de los militares a la población civil. Luego, la carpeta fue enviada al fiscal de Derechos Humanos, Santiago González.

Al cumplirse un año del caso, la CODEHUPY cuestionó a la Fiscalía por no contar con el listado de militares que participaron en la represión a civiles y tampoco se tomó la declaración indagatoria a los jefes de los marinos.

Más info: Torturas sin investigar en CDE, señala EE. UU.

En su informe 2020 de Derechos Humanos en Paraguay, el Gobierno de Estados Unidos cuestionó a la Fiscalía General, a cargo de Sandra Quiñónez, por la falta de investigación a los marinos que torturaron a los moradores del barrio San Miguel.

En tanto, el fiscal Edgar Torales había imputado a Silvio Brítez, alias “Kape” y a Rafael Da Silva Steinhofel como los supuestos autores del crimen del suboficial Agüero González. Este caso sigue en investigación.