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Verifican inmueble invadido con apoyo de autoridades de Minga Guazú

Este artículo tiene 5 años de antigüedad
La verificación del inmueble se realizó en el marco de una acción judicial para recobrar la posesión del inmueble.
La verificación del inmueble se realizó en el marco de una acción judicial para recobrar la posesión del inmueble.

Una comitiva judicial-policial verificó el inmueble invadido por un grupo de personas con apoyo de las autoridades municipales de Minga Guazú. El entonces intendente Digno Caballero (ANR) había solicitado que el inmueble en cuestión sea entregado a un grupo de sintechos, pasando por alto que está en el registro del Servicio Nacional de Catastro.

La propiedad en cuestión de más de 100 hectáreas pertenece a los hermanos Evelyn Cristina y Robert Udo Mulder y que fue invadida por unas 30 personas que integran una comisión vecinal denominada “El Porvenir”, encabezada por Carlos Ramírez Ugarte. La misma fue creada el año pasado y reconocida por la comuna minguera.

El entonces intendente Caballero había remitido a la Junta Municipal la solicitud de adjudicación y fraccionamiento de las tierras, el 15 de marzo de 2021, pasando por alto los documentos del inmueble privado. En la nota que la comisión solicita el fraccionamiento se fundamenta en que “según vecinos del lugar” las propiedades son un inmueble municipal.

La Junta Municipal también se prestó a la jugada para el despojo del inmueble, pues ya durante la gestión de Lucas Caballero (hermano de Digno Caballero, quien se postula para la Intendencia, por un tercer periodo) se aprobó la adjudicación del inmueble. Sin embargo, los dueños habían denunciado la invasión de la propiedad ante el Ministerio Público.

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Además de la denuncia penal, los propietarios iniciaron una acción judicial para recobrar la posesión de la propiedad. En el marco de este proceso, la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo fue nombrada para verificar la invasión.

Cerena Fisher, en representación de los afectados, dijo que genera mucha impotencia que las propias autoridades alienten la invasión de las propiedades, cuando en febrero pasado se les cobró todos los impuestos inmobiliarios.

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