En la última sesión de la Junta Municipal de Minga Guazú, las comisiones asesoras de Legislación y Hacienda y Presupuesto dieron a conocer a través de un dictamen el resultado del estudio del proyecto de presupuesto 2023, que había sido remitido por la intendencia, a cargo de Diego Ríos (Indep), en setiembre pasado.
En el documento, los concejales hicieron constar algunas observaciones en la formulación del proyecto, refiriendo que no se siguieron los lineamientos generales para los procesos de programación y presupuestación, en el marco de lo que establecen las normas legales.
La comuna minguera prevé para el próximo año ingresos por G. 42.534.863.741, a ser distribuidos en G. 27.670.425.650 en recursos genuinos, G. 4.854.647.502 correspondiente a Fonacide, G. 300 millones en juegos de azar y G. 9.709.580.599 en Royalties y compensaciones.
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En este punto se cuestiona que no se acompaña al proyecto de presupuesto la fundamentación de los cálculos de origen de ingreso, ni tampoco el cálculo analítico de los ingresos. Esto se requiere para corroborar si efectivamente los montos estimados corresponden al comportamiento de los ingresos anteriores y actuales.
Asimismo las comisiones indican que en el apartado de egresos la planificación de gastos se ha realizado por subgrupos y no por objeto de gastos, tal como establece el decreto 7007/22, de Presupuesto General de la Nación.
Agrega que en deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores se tiene prevista la suma de G. 230.480.000, pero que en la fundamentación no se detallan cuáles serán abonadas.
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“Por lo expuesto se recomienda solicitar al ejecutivo municipal la adecuación del proyecto de acuerdo al decreto 7007/22, específicamente en la formación por objeto de gastos de los grupos 200, 300, 500. Remitir el cálculo analítico de los ingresos y el listado de las deudas a pagar corriente y capital”, indica el dictamen en su parte final.
Tras ser puesto a consideración en el pleno, los ediles aprobaron solicitar a la intendencia la remisión de informes con respecto a las observaciones en un plazo de cinco días corridos, además de la contratación de una asesora contable para un análisis minucioso del plan presupuestario. Fijaron reunirse todos los concejales para profundizar el estudio.