Durante la campaña proselitista para las internas de diciembre pasado, algunos postulantes a diputados del Partido Colorado en Alto Paraná despilfarraron recursos en actos políticos, caravanas y gigantografías. Sin embargo, luego comunicaron ínfimos gastos de campaña en su rendición de cuentas.
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Uno de los candidatos con dudosa rendición de cuentas es Emiliano Nelson “Kpeto” Cano Aguayo (cartista), hijo del intendente de Hernandarias, Nelson Cano.
Cano Aguayo llenó de costosas gigantografías los espacios públicos de Hernandarias y otros puntos de Alto Paraná. Además, donó una ambulancia para el uso comunitario y organizó un festival musical con multitudinaria concurrencia y con sorteo de premios.
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A juzgar por el despliegue de la campaña, se presume que el candidato cartista destinó sumas multimillonarias para las actividades proselitistas. No obstante, en su rendición de cuentas solo comunicó un gasto de G. 45 millones sin detallar en qué conceptos.
Ruidosa campaña
La exviceministra de Agricultura y exfuncionaria de Itaipú Bettina Rosmary Aguilera Paniagua (abdista) es otra que no escatimó esfuerzo económico para convertirse en la candidata a diputación más votada en Alto Paraná.
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En el período de la campaña, los carteles y gigantografías de Aguilera Paniagua estaban esparcidos por todo el Alto Paraná; además, organizaba constantes mítines políticos con alta afluencia de adherentes y caravanas.
En los actos centrales de Fuerza Republicana en Alto Paraná, Aguilera Paniagua resaltaba por un ruidoso “ejército” de dirigentes que se movía para las concentraciones políticas. Empero, informó a la Justicia Electoral que solo gastó G. 37 millones.
No declararon financistas
Los otros seis candidatos que conforman la lista colorada para diputación también comunicaron gastos de campaña menores a G. 50 millones (ver infografía). Los ocho postulantes declararon recursos propios y en su rendición de cuentas no aparecen financistas.
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La presentación de las rendiciones de cuentas sobre gastos de campaña es obligatoria en virtud de la ley de financiamiento político, que fue sancionada como un mecanismo de control sobre el origen del dinero. No obstante, los candidatos siguen eludiendo el control al no declarar la totalidad de los recursos empleados ni la identidad de sus financistas.