La Ley 623 promulgada el 22 de agosto del año 1960 estableció la creación de la Comisión de Administración de la colonia Presidente Stroessner (actualmente Ciudad del Este) y declaró de interés social y sujeta a expropiación todas las tierras públicas y privadas existentes dentro del polígono que comprende los límites de la colonia.

Dispuso como límites de la colonia los ríos Paraná, Acaray y Monday, y una línea transversal que conecta a esos dos últimos ríos en el kilómetro 294 de la entonces ruta N° 7 (hoy PY02).

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Luego, por la Ley 760/62 fueron expropiadas varias tierras públicas y privadas existentes dentro del polígono. Sin embargo, “se olvidaron” de expropiar dos fincas: la 66, de 605 hectáreas perteneciente a Tomás Rafael Salomoni y otros, y la 13.741 de 150 hectáreas, perteneciente a Josefina Viuda de Bittar y otros.

En los inmuebles fueron creados los populosos barrios Che La Reina, Pablo Rojas, La Blanca, Mburucuyá, San Antonio, Carolina y Don Bosco. Todos están en el sector Acaray y actualmente están poblados por unas 20.000 familias, que conformarían un promedio de 100.000 personas.

Grupo privilegiado

Los dueños habían sido exiliados por la dictadura de Aflredo Stroessner. Esto fue aprovechado por un privilegiado grupo de militares stronistas que usufructuaron los lotes.

Un plano de la época revela los nombres de los militares que formaron parte de la repartija. La lista incluye a las siguientes personas: Gral. Leodegar Cabello, Gral. Marcial Samaniego, Gral. Pablo Rojas, Gral. Milciades Ramos Giménez, Gral. Marcial Albornoz Ortiz, Tte. Cnel. Antonio Odone Sarubbi, Gral. Milciades Ramos Giménez, Gral. César Gagliardone, Gral. Pablo Ávila. Además figuran Gral. Carlos Jorge Fretes Dávalos, Gral. Esteban Aguirre, Gral. Hipólito Vivero, Gral. Juan M. Careaga, Gral. Mario Cossia Tavarozzi, Cnel. Francisco Feliciano Duarte, Mayor Gustavo Stroessner y Joaquín Rodríguez.

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Haciendo uso de sus influencias, esos militares accedieron a títulos de propiedad expedidos por la Comisión de Administración creada por ley, pese que se trataba de inmuebles ya titulados.

Cuando los verdaderos dueños regresaron al país comenzaron a reclamar sus tierras. Como los terrenos ya estaban ocupados, y en un intento de dar solución, por Ley 35/90 las citadas fincas son expropiadas a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este como fracción indivisa. Es decir, en teoría no debería existir fraccionamiento alguno dentro de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas que pasaron a dominio municipal.

Pasó bajo dominio de la comuna esteña

El Estado Paraguayo había pagado la indemnización a los propietarios, por lo que la Municipalidad de Ciudad del Este recibió el valioso patrimonio de manera gratuita. Sin embargo, nunca se realizaron las gestiones para formalizar el traspaso del inmueble a la administración de la municipalidad.

Luego de numerosas manifestaciones de reclamos de los pobladores, al no recibir respuestas, crearon una coordinadora vecinal e iniciaron un juicio de obligación de escritura pública e inscripción en los registros públicos de ambas fincas, 66/59 y 13.741/80.

El 14 de septiembre del año 2007, mediante sentencia definitiva 673, el juez Neri Joel Kunzle ordenó a los antiguos propietarios a suscribir la escritura pública a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este.

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La inscripción se efectuó en enero del 2008, por lo que la finca 13.741 pasó a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este con el número 29.294 y la 66 se inscribió como 29.295.

Crearon una villa militar

El abogado Darío Aguayo, quien fue concejal de Ciudad del Este en los años 1990, recordó que los militares habían creado una villa castrense sobre los inmuebles que componen las fincas 66 y 13.741 y que accedieron a títulos emitidos por la Comisión de Administración de la Colonia Presidente Stroessner.

A criterio de dicho abogado, esos títulos “son pasibles de nulidad insanable”. “Los títulos truchos fueron montados por los militares sobre los inmuebles ajenos, mediante la producción de documentos públicos de contenido falso y mediante actos jurídicos rotundamente prohibidos por el Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente en la época”, expresó.

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