Los imputados son tres adultos, entre ellos Hipólita Penayo Mendieta, de 77 años, alias “Abuelita” o “Abuelita de la droga”, quien supuestamente era la líder de la banda de microtraficantes. Los otros procesados son Antonio David Caballero Rojas, de 26 años; Luis Alexis Sosa Velázquez, de 19 años; además de dos adolescentes, de 17 años y de 15 años.
En el caso de los mayores de edad, el fiscal de la causa, Luis Fernando Escobar Boisville, requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva, mientras que los adolescentes quedaron a disposición del Juzgado Penal de la Adolescencia, conforme al régimen especial establecido para menores de edad.
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La detención de los sospechosos se produjo ayer en una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Hernandarias, donde el representante del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron un allanamiento tras una denuncia sobre la presunta comercialización de sustancias prohibidas en el inmueble.
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Durante la intervención fueron incautadas varias porciones de supuesta pasta base de cocaína, “crack”. Las evidencias halladas consistieron en 7,7 gramos distribuidos en 30 dosis; 80,5 gramos divididos en dos porciones; 3 gramos distribuidos en 12 dosis y 50,1 gramos fraccionados en 195 dosis. En total, los intervinientes incautaron 141,3 gramos de la sustancia, además de G. 167.000 en efectivo, que serían producto de la venta ilegal de estupefacientes y fueron incorporados como evidencia dentro de la investigación.
Los vecinos de la zona denunciaron que esta madrugada desconocidos realizaron disparos y dejaron esquelas frente a sus casas, supuestamente amenazándolos por denunciar a “Abuelita” por la venta de drogas.
Abuelita condenada en tres causas
La imputación alcanza a la propietaria del inmueble intervenido, Hipólita Penayo Mendieta, de 77 años, quien cuenta con tres condenas anteriores por hechos relacionados con la Ley de Drogas. La mujer fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión en una causa del 2019; a 6 años de pena privativa de libertad en un proceso del 2022 y a 7 años y 6 meses de prisión en una causa del 2024, esta última con sentencia firme. Ante esta situación, el Ministerio Público requirió al Juzgado de Ejecución el cumplimiento efectivo de la pena pendiente en un establecimiento penitenciario.
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Entre los elementos reunidos por la Fiscalía figuran el reporte de inteligencia y la nota remitida por la Senad, el acta de procedimiento fiscal-Senad, el acta de pesaje y análisis primario de campo mediante narcotest, que dio resultado positivo para supuesta pasta base de cocaína, además de las evidencias incautadas durante el allanamiento.
A partir de los elementos reunidos, el fiscal Luis Escobar solicitó la notificación de la imputación, la convocatoria de los procesados para ser oídos, la aplicación de la prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.