“Para los que aún no se enteraron que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia…", expresa la líder del peronismo kirchnerista en un texto difundido en sus redes sociales.
Un juicio de “ejecución fiscal” contra ella
Fernández, que en los últimos 4 años fue procesada en multitud de causas por presunta corrupción, anunció que presentó hoy ante la Justicia y la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP, el Fisco argentino) sendos escritos en los que “se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas”. “Y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona…”, remarcó la exmandataria.
La vicepresidenta del Gobierno de Alberto Fernández, que asumió el pasado 10 de diciembre, incidió de nuevo en la existencia del llamado ‘lawfare’, “cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial”. “En perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”, aseveró.
Acusaciones de “hostigamiento”
En los extensos escritos presentados, la política solicita diversas medidas como la nulidad de las decisiones de la AFIP contra ella en varios de los sumarios y la investigación para determinar las “responsabilidades administrativas y penales” que pudieran corresponder a los funcionarios que intervinieron en sus causas. “Por iniciativa de funcionarios y/o personas afines al anterior gobierno se dio inicio a una multiplicidad de causas penales en el marco de las cuales se dispusieron procesamientos y medidas cautelares de naturaleza personal y patrimonial”, ahonda Fernández en su presentación.
En “casi todas estas causas”, continúa, el Poder Ejecutivo se constituyó como parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) , y advierte que desde el Banco Central “se llevaron a cabo reuniones con distintas áreas técnicas para que estas acciones de hostigamiento también alcanzaran” a sus familiares. “También es de destacar que desde el Ministerio de Seguridad se filtraron vistas fotográficas e imágenes de procedimientos judiciales que debían haber sido estrictamente reservados, siempre con el propósito de ocasionar perjuicios”, subraya, para denunciar también que se filtraron conversaciones telefónicas obtenidas “ya sea de manera clandestina o en el marco de procesos judiciales” en los que ella “no tenía relación alguna”.
Para la vicepresidenta, “jueces con competencia penal se tomaron la atribución de intervenir ilegalmente todas las sociedades familiares” y también la herencia que dejó su esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) , fallecido en 2010. "Colocando tales patrimonios en manos de interventores judiciales que dejaron de pagar impuestos correspondientes a sus administraciones para posibilitar luego que la AFIP pudiera reclamar no solo estos impuestos sino también intereses resarcitorios y punitorios, costas y honorarios para sus abogados.