La exdirigente, de 75 años, ya procesada por importar ilegalmente walkie-talkies, se enfrenta a una nueva acusación por violar la Ley de Gestión de Desastres Naturales, dijo a la AFP su abogado Khin Maung Zaw, y explicó que la nueva vista se celebraría el 1 de marzo.

“No hay nada justo en la junta. Es teatro. No es más que teatro. Y, por supuesto, nadie les cree”, dijo a la AFP el relator especial de la ONU, Tom Andrews.

La exjefa del gobierno civil se encuentra “en buena salud”, dijo el martes el viceministro de Información, Zaw Min Tun, en una conferencia de prensa.

Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint están “en un lugar más seguro por su seguridad (...) No es como si hubieran sido arrestados. Se quedan en casa”, añadió.

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Desde el golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a una frágil transición democrática de diez años, los militares han seguido aumentando la represión, con la prohibición de concentraciones, el despliegue de vehículos blindados, detenciones nocturnas y refuerzo del arsenal legislativo.

“Las manifestaciones han sido violentas (...) se impondrán sanciones”, advirtió Zaw Min Tun.

A pesar de ello, la movilización continúa. Los manifestantes bloquearon un tramo de la vía férrea en Mawlamyine, al sur de Rangún, interrumpiendo el servicio entre la ciudad portuaria y la capital económica, según imágenes difundidas por un medio local.

“¡Devuélvannos a nuestros líderes!”, decían las pancartas, mientras los manifestantes instaban a los ferroviarios a dejar de trabajar.

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Muchos funcionarios de todo el país, entre ellos abogados, profesores, controladores aéreos o ferroviarios, respondieron a este llamamiento y se pusieron en huelga contra el golpe de Estado.

En Rangún, los monjes que habían liderado la “revolución de azafrán”, reprimida violentamente por el ejército en 2007, marcharon hacia la embajada de Estados Unidos.

No muy lejos, unos jóvenes tocaban el violín frente a un grupo de bailarines vestidos de negro, mientras otros cantaban.

“Con la carne y la sangre de nuestros jóvenes, intentaremos acabar con la dictadura militar. Ese es el significado de nuestra canción”, explicó Pan, de 25 años.

Pero tras el despliegue de vehículos blindados en algunas ciudades del país el domingo, las multitudes en las calles son menos numerosas.

400 detenidos

La junta sigue haciendo detenciones. Unas 400 personas --políticos, médicos, activistas, estudiantes, huelguistas-- han sido detenidas en las últimas dos semanas, según una oenegé que ayuda a los presos políticos. También hay informes no confirmados de más detenciones.

Además, por cuarta vez desde el golpe, las conexiones a internet se cortaron casi por completo durante la noche del lunes al martes, antes de restablecerse ocho horas después.

“Cortan internet para hacer su trabajo sucio”, lamentó Win Tun, un residente en Rangún. “No dormimos en toda la noche para ver qué pasaba”.

Esto va en contra de los “principios democráticos fundamentales”, dijo la enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, en una conversación telefónica con Soe Win, subcomandante del ejército birmano. Los cortes también perjudican “sectores clave, como los bancos”, añadió.

Hasta ahora las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas, pero el lunes se registraron varios incidentes.

La policía detuvo a varias docenas de manifestantes, entre ellos unos 20 estudiantes, en Naipyidó, antes de liberar a algunos de ellos.

En Mandalay (centro), la segunda ciudad más grande del país, un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se saldó con al menos seis heridos. La policía disparó balas de goma y lanzó piedras a la muchedumbre que respondió a ladrillazos.

Algunos periodistas presentes denunciaron que la policía les golpeó.

Las fuerzas armadas, que cuentan con dos apoyos en la ONU (Rusia y China), hacen oídos sordos a las múltiples condenas internacionales y a las sanciones anunciadas por Washington.

Los generales golpistas, que cuestionan las elecciones legislativas de noviembre ganadas masivamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, han autorizado registros sin orden judicial y detenciones por un corto periodo sin necesidad del visto bueno de un juez.

También se está aplicando una ley de ciberseguridad muy represiva.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, un paria internacional por las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohinyás en 2017, estima que lo que pasa en Birmania es “un asunto interno”.