“Es necesario y conveniente actualizar las normas que regulan la prescripción de los delitos de corrupción, a fin de que no exista barrera temporal alguna para llevar a cabo la persecución penal”, reza el decreto aprobado con 65 votos de los 84 diputados.

Los delitos incluidos en el artículo 32 del referido cuerpo legal son peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros.

Los legisladores determinaron también que la reforma es de "orden público" por lo que debe aplicarse "a los procesos futuros independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos".

La iniciativa fue presentada el pasado 27 de julio por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en representación del presidente Nayib Bukele.

La reforma no aborda los posibles delitos de corrupción cometidos en el manejo de los fondos destinados a la pandemia de la covid-19, dado que esta Asamblea Legislativa aprobó una ley que otorga inmunidad a los involucrados.

Diversas investigaciones periodísticas han señalado el supuesto manejo irregular de estos recursos estatales.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó 12 avisos a la Fiscalía General de la República para que investigara el uso de los fondos destinados a la atención de la pandemia.

El 4 de junio pasado, Bukele anunció la ruptura del acuerdo con la OEA que dio vida a la Cicies.

Las denuncias de la Cicies derivaron en investigaciones del Ministerio Público y allanamientos de instituciones gubernamentales.

Se desconoce si estas investigaciones siguen en pie tras la destitución el 1 de mayo pasado del fiscal Raúl Melara y la elección de Rodolfo Delgado, un exasesor del Gobierno, como su sucesor.