El fiscal federal Marcelo Colombo apeló el fallo que sobreseyó a la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento de los acusados del ataque contra la mutualista judía AMIA de 1994 a partir de un memorando firmado con Irán en 2003.
Esta apelación se suma a la efectuada hace una semana por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que representa a la comunidad judía argentina y es una de las querellantes en la causa.
Otra de las partes querellantes, la que representa a los familiares de las 85 víctimas del atentado contra la sede de la AMIA, también apeló el fallo que benefició a la exmandataria.
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Oral Federal 8, que debía realizar el juicio oral contra Cristina Fernández y otros altos cargos de su Gobierno imputados en el caso, sobreseyó por unanimidad la causa al considerar que la firma el 27 de enero de 2013 del memorando con Irán "no constituyó delito".
El memorando firmado por el entonces Gobierno de Fernández con Irán preveía la creación de una comisión especial para investigar de forma conjunta el atentado contra la AMIA, que la Justicia argentina atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.
Los denunciantes sostienen que el objetivo final del acuerdo habría sido el de hacer caer las "alertas rojas" de Interpol para la captura internacional de los acusados.
La acusación contra la actual vicepresidenta argentina y sus colaboradores se remontaba a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado a la AMIA, denunció que la entonces presidenta y varios de sus colaboradores intentaron presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del ataque con la firma del memorando con Irán.
Nisman apareció muerto, de un disparo en la cabeza, cuatro días después de presentar su denuncia.
El memorando nunca entró en vigor ya que, a pesar de que el Congreso argentino lo ratificó, en Irán nunca llegó a aprobarse.
En mayo pasado, la vicepresidenta había solicitado la nulidad de la causa alegando, entre otros motivos, interferencias políticas en el proceso.
