La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) informó este jueves, con base en los datos recabados del Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos UNITAS, que son 167 vulneraciones a la libertad de prensa en el país en lo que va del año, que supera las 73 registradas en todo 2021.
Entre las transgresiones que sufren periodistas y medios están el “impedimento al acceso de la información, la censura, amenazas, ataques, violación a la reserva de fuentes de información, la asignación discriminatoria de publicidad oficial”, entre otras que menciona un comunicado de la APLP.
Ataques son alentados por autoridades del gobierno
”Los ataques a los periodistas son cometidos por múltiples actores que en muchas ocasiones son alentadas por altas autoridades de gobierno que buscan desacreditar y estigmatizar a medios y periodistas”, indica la nota.
Ante esta situación, las asociaciones de periodistas de todo el país se reunirán este viernes y sábado en La Paz para analizar el “estado de la libertad de expresión en Bolivia” y también se trazarán “estrategias para activar los mecanismos de protección de periodistas y contra la impunidad”.
Se revisarán estándares internacionales
Además, en el encuentro se revisarán los estándares internacionales que protegen a los periodistas y se definirán “acciones de defensa legal frente al acoso judicial y las vulneraciones a la libertad de prensa”, además de realizar un informe sobre el estado de la libertad de expresión en el país.
Se tiene previsto que estén presentes unas 30 delegaciones de todo el país y especialistas, entre otros.
Uno de los casos emblemáticos de vulneración a la prensa que menciona el comunicado es el de las “graves agresiones a periodistas” en el municipio cruceño de La Guardia en la cobertura de la huelga indefinida en Santa Cruz por el censo de población, en el que la Policía “protegió a los agresores” en vez de resguardar el trabajo de la prensa.
Otro caso es el ocurrido en la localidad de Las Londras en 2021 en el que “un grupo armado emboscó, secuestró, torturó y amenazó de muerte a periodistas, policías y civiles” y que hasta ahora “sigue en la impunidad”.
“Se trata de un panorama que contradice la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta vigente desde 1925, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, finaliza el comunicado.