Argentina, que se ubicaba en el puesto 94, con 38 puntos, descendió al 98 de 180 países, con 37 puntos.
A nivel americano, Argentina quedó en el decimoctavo lugar de 32, por arriba de Brasil, Perú, México, Bolivia y Paraguay, aunque por debajo de la media (43 sobre 100), mientras que Canadá (76), Uruguay (73) y Barbados (69) encabezan los mejores puestos de la tabla.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI, Pablo Secchi, señaló a EFE que Argentina está estancada en la lucha contra la corrupción sin llevar a cabo esfuerzos significativos en los últimos años.
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"Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el Poder Judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país", amplió Secchi.
De acuerdo al informe, en América Latina y el Caribe la falta de independencia en el Poder Judicial fue uno de los principales problemas de 2023, con la influencia de las élites políticas y económicas como principal causante de la corrupción, afectando a la democracia.
A futuro, TI hizo hincapié en que los nombramientos y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, basados en la experiencia y el desempeño para evitar injerencia de otros poderes del Estado, así como recursos para la cooperación internacional entre fiscales de diferentes jurisdicciones para sancionar la corrupción transnacional.
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El nuevo Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, se encuentra en pleno trámite parlamentario de la ‘ley ómnibus’, un compendio de modificaciones a cientos de artículos vigentes en casi todos los ámbitos de la vida del país, que tiene como principal objetivo dar facultades legislativas al Ejecutivo.
"Las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el recientemente asumido presidente carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Un tema que está entre las prioridades de la ciudadanía", concluyó el director ejecutivo de Poder Ciudadano.
No obstante, recientemente el Ejecutivo argentino anunció que tenía previsto crear una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos, especialmente en los supuestos de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados.