ONG de Venezuela exigen la liberación de defensora de derechos humanos detenida el viernes

CARACAS. Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este domingo la liberación de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y que, desde entonces, su familia desconoce su paradero, según denuncian.

Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este domingo la liberación de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este domingo la liberación de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.Rayner Pena R

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El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, exigió a través de X al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, información sobre el paradero de Rocío San Miguel y su “inmediata liberación”.

El Frente Amplio de Mujeres rechazó "contundentemente" la "detención arbitraria y desaparición" de la activista, de quien exigió "de inmediato fe de vida", y alertó a la comunidad internacional de "esta escalada de represión a las puertas de una elección presidencial", prevista para este año, aunque aún sin fecha definida.

Un Mundo Sin Mordaza indicó que ya se cumplieron "48 horas de la desaparición" de San Miguel, quien "fue detenida por un grupo SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)-DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en el aeropuerto" internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.

Las organizaciones Una Ventana a la Libertad (UVL), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis también rechazaron, a través de mensajes en X, la detención de la activista.

Por su parte, dirigentes antichavistas, quienes condenaron la detención, alertaron a la comunidad internacional de este hecho, del que responsabilizan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

San Miguel informó este mes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano presentar, “a más tardar el 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a favor de la activista y de otras dos personas, por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.

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