“El uso de las armas se da cuando hay un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que están en peligro frente a un ataque de criminales, de delincuentes, de mafiosos, de narcotraficantes”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Rosario (Santa Fe, centro).
Tercera ciudad de Argentina, Rosario recibió el apoyo el lunes de las fuerzas federales para responder a cinco fusilamientos en los últimos días, que las autoridades califican como “actos de terrorismo” de bandas narcocriminales establecidas en la zona gracias a su estratégica salida al río Paraná.
Bullrich agregó que su cartera recibirá pistolas eléctricas Taser de Estados Unidos y está en proceso de compra de armas Byrna, de uso civil.
El reglamento, que será publicado el jueves en el boletín oficial, deroga todas las resoluciones ministeriales y disposiciones previas y se consolida como un único protocolo de actuación de las fuerzas federales respecto del uso de armas.
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Esta decisión tiene lugar también en el contexto de una creciente conflictividad social y frecuentes protestas contra las medidas del gobierno, determinado a reducir la inflación de más del 276% interanual en febrero a través de draconianos ajustes fiscales.
El nuevo reglamento de armas extiende una reciente flexibilización otorgada a la Prefectura Naval (guardacostas) , que desde principios de febrero está habilitada a usar armas de fuego de largo alcance.
“Hace unos días dotamos a la Prefectura de la posibilidad del uso de armas largas de calibre policial, por supuesto, en los ríos de frontera donde estaban recibiendo ataques permanentes. Ahora esto va para las cinco fuerzas federales” , explicó Bullrich.
En 2017, un joven de 18 años que había robado a un turista estadounidense en Buenos Aires fue baleado por la espalda por un agente cuando huía.
Un año después, Bullrich -entonces ministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri (2015-2019) - estableció un protocolo de seguridad, derogado por el siguiente gobierno en 2019.
El policía involucrado en el episodio, Luis Chocobar, fue hallado culpable de homicidio y condenado por un tribunal a dos años de prisión en 2021.
El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) derogó este protocolo, ahora reflotado, basándose en tratados internacionales según los cuales los policías “deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.
El restablecimiento del protocolo deja en manos de la justicia evaluar la inocencia o culpabilidad de los agentes federales que usen armas de fuego en las situaciones contempladas por el reglamento.