“Queremos el cierre de las cantinas, puntos clandestinos donde presuntamente venden drogas. Exigimos ley seca en todo el municipio (Chalchiuitán), basta de tantas cantinas, basta de la venta de drogas”, leyó Pedro Velazco, vocero del colectivo Pueblo Creyente, durante la manifestación.
Los pobladores de Chalchiuitán pertenecen a uno de los municipios más pobres de Chiapas, donde denuncian el olvido del campo, la presencia de grupos paramilitares y baja escolaridad entre los jóvenes, quienes prefieren migrar a los estados del norte de México, Estados Unidos o Canadá.
Los manifestantes, quienes acusaron de omisas a las autoridades, salieron a las calles con banderas para exigir la paz.
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Entre su demandas, pidieron clausurar las cantinas que son fachada para la venta de drogas, atención a los desplazados por la violencia y justicia para los activistas indígenas asesinados.
Rufina Pérez, defensora de los derechos de las mujeres desplazadas, relató a EFE la "agonía" que viven ante la inacción de las autoridades de Chalchiuitán y del estado de Chiapas.
"Con hijos, y como mujer, es muy difícil. Para el Gobierno, somos invisibles y, a pesar de que la autoridad lo sabe, calla porque no conviene a sus intereses. El dolor y la incertidumbre es mayor, pues aún estamos en áreas de tierra infértil y sin los servicios básicos y sin justicia”, expuso.
La manifestación coincidió con el primer día de la gira en Chiapas de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, quien visitó las localidades de Tila, Chilón y Las Margaritas, donde ofreció apoyo a los pueblos indígenas.
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El contingente estuvo conformado por indígenas mayas tzotziles, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores, quienes se congregaron a las afueras del poblado de Chalchiuitán.
“Queremos vivir dignamente”, dicen los mexicanos
Los manifestantes portaban letreros con leyendas como "¡Que viva la paz!", "Las mujeres y hombres de Chalchihuitán queremos vivir dignamente", y "Alto a la violencia partidista".
La protesta ocurrió en medio de un alza de la violencia en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas), Ocozocoautla, Berriozábal, Las Margaritas y Frontera Comalapa, en el límite sur de México.
Ante la presencia del crimen organizado, los indígenas denunciaron el despojo de sus tierras, amenazas de muerte, desplazamiento forzado y asesinatos.
Organizaciones civiles e indígenas denuncian desde 2023 un ambiente de "guerra civil" que se agudiza cada día por los conflictos armados, la presencia de cárteles del narcotráfico, y el proceso electoral.
Esto ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados en particular en comunidades indígenas afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).