El vocal Jhon Cori determinó “conceder la tutela” a la acción de cumplimiento que presentó el dirigente campesino Esteban Alavi contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que continúen con la administración del proceso electoral.
La resolución señaló que las autoridades señaladas “den inmediato cumplimiento” al fallo, por lo que deben continuar con el proceso de “organización, dirección, supervisión administración para las elecciones de magistradas y magistrados”.
El martes, dos salas constitucionales de las regiones amazónicas de Pando y Beni declararon “desiertas“ las convocatorias para elegir a los jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional (TCP), por los recursos que plantearon algunos candidatos inhabilitados por el Parlamento.
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Esas resoluciones pusieron en suspenso la elección judicial, aunque el TSE anunció que tomaría medidas para garantizar la realización de los comicios así como una solicitud para que el Constitucional se pronuncie cuanto antes al respecto.
Esta jornada, el ente electoral aclaró que el proceso de organización de los comicios no fue suspendido ni paralizado, pese a los fallos de dos salas constitucionales, aunque sí devolvió las listas de candidatos del TSJ y el TCP al Legislativo, tal como indicó una de esas instancias en su dictamen.
Asimismo, otra sala constitucional de la ciudad de El Alto, ciudad vecina de La Paz, determinó en la víspera la continuidad del proceso electoral hasta que esta jornada se resuelva la acción de cumplimiento que presentó el dirigente Alavi.
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Elección popular
La Constitución, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en el que podrían salir electos jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios judiciales debían realizarse en 2023, pero no prosperaron por las diferencias entre el MAS, el Gobierno y la oposición, además por los recursos legales que obligaron a que la convocatoria volviera a cero varias veces.
En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un «vacío de poder» hasta que se realicen nuevos comicios.
La extensión de mandato de los jueces generó fuertes protestas de la oposición y del sector oficialista del MAS que respalda al expresidente Evo Morales (2006-2019) , quien realizó un bloqueo de caminos pidiendo la renuncia de los magistrados, algo que finalmente no ocurrió.
Unos 7,8 millones de personas están habilitadas en Bolivia para votar en estas polémicas elecciones judiciales previstas para el próximo 1 de diciembre.