El juez federal Sebastián Casanello que investiga la causa ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y empresarios investigados por los supuestos sobornos.
Además, recibió este lunes la declaración del jefe de seguridad del barrio cerrado Nordelta, Ariel de Vicentes, sospechoso de haber colaborado con la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, señalada como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.
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Kovalivker, quien era buscado por la policía desde el pasado jueves, se presentó este lunes en los tribunales federales y entregó su teléfono celular, aunque no reveló la clave de seguridad necesaria para acceder a su contenido.
El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos, que horas después fue denunciado ante la Justicia por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.
En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero mediante maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos, con conocimiento del presidente y con la participación de ‘Lule’ Menem y de la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la madrugada del jueves, horas después de la difusión de los audios y de la denuncia de Dalbón, el Gobierno anunció que Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud.
El teléfono de Kovalivker ya está en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal, que también trabaja sobre los aparatos decomisados a Spagnuolo, a Daniel Garbellini -exfuncionario de Andis- y a Emmanuel Kovalivker, otro de los directivos de la firma farmacéutica.
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En paralelo, el juez ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, con el objetivo de evitar que alguno de ellos retire elementos que puedan constituir evidencia del caso.
Por estos hechos, fue denunciado penalmente el presidente, así como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia argentina, Eduardo ‘Lule’ Menem.
La denuncia plantea la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.