A casi cinco meses de la primera denuncia de muertes en un hospital tras la administración de fentanilo contaminado con bacterias y luego de algunas demoras en los plazos porque distintos involucrados sumaron elementos a sus declaraciones, la Justicia Federal definió la situación procesal de los 17 imputados en la causa en la que se investiga el fallecimiento de 96 personas y perjuicios en la salud de otra treintena de pacientes críticos, en cinco provincias del país.
Si bien la Justicia decidió dictar falta de mérito para cuatro de esas personas, las 13 restantes quedaron formalmente procesadas; seis de ellas, con prisión preventiva.
El más complicado en la causa era sin dudas el extrovertido empresario Ariel García Furfaro, detenido hace más de un mes, dueño de HLB y Ramallo, los laboratorios de los que salieron las más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminado.
Y de hecho, el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación que desde mayo tramita en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, procesó y convirtió en prisión preventiva su detención. Además, mantuvo la inhibición de sus bienes y trabar el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de un billón de pesos ($ 1.000.000.000.000), como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales.
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El juez consideró a García Furfaro “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".
Las mismas medidas (procesamiento y prisión preventiva, más inhibición de bienes, pero un embargo de hasta $ 500.000.000.000), fueron tomadas para uno de sus hermanos, Diego Hernán García, y para la madre de García Furfaro, Nilda, quien hasta ahora estaba con prisión domiciliaria.
Nilda es accionista del 10% de HLB, laboratorio ubicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, cuya usina de producción estaba tercerizada a otra empresa de García Furfaro, Laboratorios Ramallo, situado en la localidad homónima.
El juez Kreplak benefició a Damián García Furfaro, el otro hermano hasta ahora detenido. Le dictó la falta de mérito y ordenó su inmediata libertad, pero le prohibió salir del país.
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En la misma dirección, Kreplak dictó la falta de mérito para el accionista y presidente de Laboratorios Ramallo S.A, Horacio Antonio Tallarico; el accionista y director suplente de la misma firma, Rodolfo Antonio Labrusciano; y el director técnico farmacéutico ese laboratorio, Víctor Pablo Boccaccio.
Todos tienen los bienes inhibidos, prohibición de salir del país, prohibición de tomar contacto con otros imputados y testigos de la causa, y deben comparecer ante la Policía mensualmente.