El Tribunal del Distrito Central de Seúl consideró culpable a Yoon de obstaculizar los intentos de arresto y destruir pruebas, al tiempo que señaló que la gravedad de los delitos es “muy elevada” y que el acusado en ningún momento mostró gestos de arrepentimiento.
La sentencia es menor que la pedida por la Fiscalía, que reclamaba diez años de prisión.
En una decisión televisada en directo por medios locales, el tribunal afirmó además que Yoon vulneró el derecho de deliberación de varios ministros, al no notificarles la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial. El exmandatario únicamente convocó a los ministros considerados leales a su causa, en un encuentro que duró menos de cinco minutos.
El juez también señaló que la proclamación del estado de emergencia firmado por Yoon constituye la falsificación de un documento público, y condenó al expresidente por “militarizar” al Servicio de Seguridad Presidencial en la obstrucción del intento de arresto en su contra del 3 de enero.
Sin embargo, fue absuelto del cargo de una supuesta orden de difundir información falsa a la prensa extranjera.
Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de “fuerzas antiestatales”, en una medida que fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas. Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.
El expresidente actualmente se enfrenta a otros siete juicios separados, incluido uno por insurrección en el que podría ser condenado a pena de muerte, tras la reciente petición de tal castigo por la fiscalía.
La sentencia del caso por insurrección se dará a conocer el 19 de febrero; sin embargo, de ser condenado a pena de muerte, es poco probable que se ejecute el castigo, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.