Los manifestantes entraron en la capital de España por los cuatro puntos cardinales en cinco columnas para dirigirse hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde expresarán sus reivindicaciones.
Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur, pues consideran que supone competencia desigual para los agricultores europeos, y se oponen a la bajada del monto previsto para dotar la PAC a partir de 2028.
En concreto, los profesionales del sector agropecuario denuncian que los artículos del Mercosur que se exporten a Europa no tendrían que cumplir los mismos requisitos de producción que los europeos.
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“Llamado a los consumidores”
La protesta de hoy está convocada por las organizaciones Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) y también está prevista en otras ciudades.
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“Nos jugamos mucho (...) y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”, alertó el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.
Según el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, el acuerdo con Mercosur es la “puntilla” que va a acabar con el sector primario europeo y que, aparte de afectar al campo, también tendrá un impacto en los ciudadanos: “Les va a afectar directamente”, avisó.
Movilización permanente
Desde principios de año se mantienen las movilizaciones del campo español. El 29 de enero, más de 25.000 agricultores y ganaderos se manifestaron con 15.000 tractores en la mayoría de las regiones por los mismos motivos.
Entonces estuvieron convocados por las organizaciones sectoriales mayoritarias: Asaja, COAG y UPA.
La UE y el Mercosur firmaron el acuerdo de libre comercio en Asunción el pasado 17 de enero, tras 26 años de negociaciones.
No obstante, el 21 de enero el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.