La ley es una “violación flagrante del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, que garantiza la protección de las personas y las garantías de un juicio justo, y una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recoge un comunicado de la Presidencia difundido por la agencia oficial palestina, Wafa.
Las asociaciones de presos palestinos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también clamaron contra la medida, y afirmaron que culmina años de intentos de imponer la ejecución a los prisioneros palestinos, con una “práctica histórica de asesinatos extrajudiciales”.
“Se está gestando una etapa que se considera la más peligrosa en la historia del movimiento de presos palestinos”, denunciaron el Club de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de la ANP.
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El recuento publicado por la ONG israelí B’Tselem eleva a más de 80 los palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023 en cárceles israelíes, convertidas en “campos de tortura” según esta organización.
B’Tselem ha recogido en numerosos informes los abusos cometidos contra los prisioneros palestinos, entre los que figuran palizas; la privación del alimento, los medicamentos o el sueño; agresiones sexuales o torturas.
El grupo islamista Hamás, por su parte, aseveró en un comunicado que la ley constituye un “peligroso precedente” para los palestinos que se encuentran en cárceles israelíes.
Si bien esta ley no se aplicará a los detenidos en relación con la masacre del 7 de octubre de 2023, se espera que la Knéset (el parlamento israelí) apruebe otro proyecto, conocido como ‘Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre’, por el que un tribunal militar especial podrá sentenciarlos también a la pena de muerte.
“Esta ley fascista representa la mentalidad de bandas criminales sedientas de sangre”, afirma el grupo islamista, que reitera que las afirmaciones de Israel de “civilización y adhesión a los valores humanos” son falsas.
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El texto aprobado este lunes en el Parlamento de Israel, por 62 votos a favor y 48 en contra, establece la pena de muerte en la horca a los condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).
Mientras que para los palestinos de Cisjordania impone la pena capital a los tribunales militares que los juzgan (una obligación con excepciones no definidas), en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital.