La Corte Suprema argentina funciona actualmente con tres de sus cinco integrantes previstos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Juan Carlos Maqueda a finales de 2024.
Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Javier Milei ha buscado completar las vacantes, pero sus intentos de designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla fueron bloqueados por el Senado, donde no obtuvieron los apoyos necesarios.
Entre otros, la nueva legislación deja sin efecto la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional al momento de cubrir las vacantes del máximo tribunal.
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La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, modifica dos decretos del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) que regulaban los mecanismos para la designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos.
Principales cambios en la norma
Entre los principales cambios, el decreto elimina la etapa de recepción de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas que se podían presentar ante el Ministerio de Justicia previo al envío del pliego al Senado, donde los candidatos a jueces del Supremo deben obtener el acuerdo constitucional.
El Ejecutivo mantiene sin embargo el proceso de audiencia pública, impugnaciones y votación en el Senado, donde los candidatos a integrar el máximo tribunal necesitan un respaldo de dos tercios.
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La reforma también deja sin efecto la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios de circulación nacional y local. A partir de ahora, la difusión se realizará a través del Boletín Oficial y de la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más reducidos.
La nueva normativa elimina la recomendación de contemplar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional de los candidatos al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.
El Gobierno argumentó que los cambios buscan “agilizar” el procedimiento, evitar duplicaciones administrativas y adecuar la difusión de la información a los medios digitales actuales.