La exmandataria, recluida en su domicilio de Buenos Aires desde el 17 de junio de 2025, aseguró en una carta abierta y publicada en sus redes sociales que recurre al organismo internacional porque considera que durante el proceso judicial se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, afirmó.
Fernández calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y dijo que ese mecanismo constituye “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.
“No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”, añadió.
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Atribuyó su situación a una persecución vinculada a su condición de mujer y denunció la existencia de un “machismo estructural” en sectores del sistema judicial argentino.
La expresidenta, además, publicó en las últimas horas una columna en los periódicos El País (España), Libération (Francia) y Folha de Sao Paulo (Brasil), con un texto similar al de su carta abierta, en la que defendió su inocencia, denunció persecución judicial e informó sobre la presentación de su reclamo ante la ONU.
Para este miércoles está prevista una rueda de prensa de sus abogados Javier Borrego y Rafael Valim para brindar detalles sobre la estrategia legal de cara a la acción ante las Naciones Unidas.
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El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar en una primera etapa la admisibilidad de la reclamación y, si la considera procedente, podrá requerir información al Estado argentino antes de hacer una pronunciación.
La denominada causa ‘Vialidad’, por la que fue condenada, investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Cristina Fernández (2007-2015).
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa y confirmó la sentencia.