“Le pido a la Justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del Código Penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior Gobierno colaboren con la Justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas”, afirmó en una alocución televisiva.
El objetivo es que “paguen todos aquellos que participaron en el festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años”, dijo el presidente en referencia al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), “un Gobierno ladrón y corrupto como el que más”.
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De la Espriella, que accedió hace menos de dos meses a la presidencia y ejerció previamente como abogado, aseguró sobre el Ejecutivo anterior que ejerció “una vagabundería propia de las peores mafias”.
“Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar. El latrocinio no puede quedar impune”, subrayó tras citar la investigación contra el expresidente del Senado, Iván Name.
A los “corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que pronto” serán procesados legalmente, De la Espriella pidió que se arrepientan y que “entreguen a sus cómplices”. Al resarcir “el daño a la patria” obtendrán “un castigo atenuado” por la “colaboración” y por el “acto de contricción”, que “es absolutamente necesario”.
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Como consecuencia de esta corrupción, de una “depredación de lo público nunca antes vista”, según el presidente, Colombia se encuentra actualmente en la situación “más crítica” de su historia a nivel fiscal.
De hecho, el presidente anunció contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en busca de un alivio financiero para Colombia.
No exento de controversia, este organismo internacional suele conceder préstamos a los Estados miembro a cambio de reformas y ajustes presupuestarios.