Este incremento no obedece a una expansión del gasto generalizado. Expertos coinciden en que la raíz de este aumento radica en obligaciones ya contraídas. Según Corficolombiana, cerca de dos tercios del aumento (COP$ 37,4 billones) corresponden al servicio de la deuda, mientras COP$ 24,9 billones corresponden a funcionamiento.
En contraste, la inversión pública se reduce en COP$ 3 billones, para situarse en COP$ 87 billones. Al desglosarlo por sectores, disminuye el presupuesto para inclusión social, trabajo, educación, agricultura y salud, siendo transporte la única cartera con un aumento material de COP$ 700.000 millones.
Por ello, el reflejo más contundente de este nuevo panorama es la modificación del Plan Financiero. El déficit total del Gobierno Nacional Central (GNC) proyectado para 2027 se eleva del 4,5% del PIB (Producto Interno Bruto) previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo al 9,4%, mientras que el déficit primario pasa del 0,5% al 4,5% del PIB. Este panorama elevaría la deuda neta del país del 58,9% al 66,2% del PIB.
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El Centro de pensamiento económico de Colombia (ANIF) atribuye este deterioro a la exclusión de COP$ 30,2 billones de ingresos tributarios contingentes y al reconocimiento de pasivos acumulados en salud, pensiones y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Este sinceramiento de las cifras duplica las necesidades financieras de la nación, que pasan de COP$ 130 billones a COP$ 266 billones para 2027. Para cubrir la brecha, el gobierno deberá recurrir masivamente al crédito y, los desembolsos internos mediante Títulos de Tesorería (TES) pasarían de COP$ 84 billones a COP$ 150,9 billones, en tanto que el endeudamiento externo aumentará de COP$ 25,9 billones a COP$ 87,7 billones.
ANIF también registra un aumento de recursos de capital de COP$ 187,5 billones a COP$ 287,7 billones. Esta situación resume la paradoja señalada por Corficolombiana: el país goza de una “mejor calidad jurídica” por mostrar cuentas transparentes, pero a costa de una “mayor fragilidad financiera”.
Para mitigar este preocupante saldo, el ejecutivo anunció una Ley de Ajuste Fiscal por COP$ 45 billones que busca reducir el déficit total del 9,4% al 7,2% del PIB y el déficit primario del 4,5% al 3,3%. No obstante, analistas cuestionan que el sinceramiento se presente separado de las medidas de ajuste. Felipe Campos, de Alianza Valores, destaca la necesidad de dimensionar el punto de partida, pero advierte sobre la fuerte dependencia que existe entre las medidas y la aprobación del Congreso.
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Para el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la estrategia del Ministerio de Hacienda fue la de “sincerar por completo las cuentas y llegar a lo que podríamos considerar el peor escenario”, pero advierte que el presupuesto representa la primera parte de un largo camino que el gobierno debe recorrer para llegar a un buen término.
Por su parte, Paraguay también avanza en un proceso de ordenamiento fiscal, que incluye el saneamiento de deudas pendientes con el sector salud y las empresas constructoras, con la expectativa de retornar en 2028 al límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, equivalente al 1,5% del PIB. Sin embargo, para que el ajuste sea sostenible, será necesario acompañarlo con un proceso de reestructuración que permita corregir las causas que generaron los desequilibrios.
De lo contrario, existe el riesgo de que las mismas presiones fiscales vuelvan a repetirse en el futuro. En otras palabras, revelar las deudas reales es un avance institucional para la transparencia de las finanzas públicas, pero el verdadero reto es convertir los anuncios en medidas concretas para lograr la consolidación fiscal.
* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.