En el informe ’10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios’ este organismo independiente de supervisión habló de un contexto de violencia “muy desafiante”.
Señaló que hay cinco disidencias de las FARC que hacen presencia en 372 de los 1.103 municipios de Colombia y que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, que tiene un origen paramilitar, hace presencia en 468 municipios.
El informe advirtió que desde el 24 de noviembre de 2016, día en el que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá, han sido asesinados 521 excombatientes.
Igualmente, entre enero de 2016 y junio pasado fueron registrados 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
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“La persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final (...) En numerosos territorios las comunidades siguen enfrentando amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra quienes ejercen liderazgos sociales”, afirmó la Defensoría.
Otra violencia a la que se enfrentan no solo los excombatientes sino también las víctimas del conflicto es a la persistencia de los desplazamientos forzados y confinamientos.
Según cifras del organismo, las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025, mientras que las afectadas por confinamientos aumentaron de 18.603 a 128.825.
“El desplazamiento y el confinamiento y otros crímenes serios contra la población afectan la participación, debilitan los procesos organizativos y amenazan la sostenibilidad de los avances”, señaló el informe.
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Según el documento, un total de 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación, lo que representa el 76 % de las personas que se acreditaron como miembros de las FARC al momento de su desmovilización, en noviembre de 2016.
“El balance identifica avances en educación, salud, proyectos productivos, acceso a tierras y participación comunitaria. Cerca de 7.000 personas firmantes han terminado el bachillerato y el 99 % se encuentra afiliado al sistema de salud. También se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos”, agregó.
Sin embargo, la Defensoría señaló que la seguridad sigue siendo el mayor desafío por los asesinatos de excombatientes.
El organismo también pone la lupa en el hecho de que el 86 % de los firmantes de paz vive fuera de los antiguos espacios territoriales, donde se congregaron temporalmente tras la desmovilización.
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“Eso plantea mayores desafíos para la prestación de servicios, el desarrollo de proyectos y la implementación de medidas de protección”, explicó la Defensoría, que hizo un llamado al Gobierno a “asegurar la continuidad del proceso de reincorporación hasta 2031”.
Por eso el informe insistió en que “el cumplimiento del Acuerdo requiere continuidad institucional, financiación, coordinación y evaluación de resultados”.
“Los cambios de Gobierno no deben interrumpir los procesos ni debilitar los avances alcanzados. La implementación exige responsabilidades verificables y una perspectiva de largo plazo”, concluyó esa institución.
El pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo de paz.