El presidente boliviano, Evo Morales, declaró hoy luto nacional de tres días sin suspensión de actividades por las muertes que deja el conflicto marcado por los enfrentamientos entre los mineros de las cooperativas y los policías que desbloqueaban las carreteras.

El cuerpo del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, asesinado el jueves por los mineros que lo secuestraron, fue encontrado esta madrugada envuelto en una manta y tirado en una carretera del altiplano cerca de donde estaba retenido.

“El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho, porque es una actitud tan cobarde. (Lo) secuestran, torturan y lo matan”, dijo Morales y agregó que lo sucedido es “imperdonable”.

El mandatario destacó que Illanes, un abogado de 58 años, fue su asesor y un “hombre comprometido” con el apoyo a los sindicatos campesinos que trabajó en varias oficinas gubernamentales tratando siempre de dialogar cuando se presentaba una protesta social.

Un examen forense estableció que Illanes murió de un derrame cerebral causado por golpes en la cabeza supuestamente con una piedra y tras sufrir torturas de parte de sus secuestradores.

El viceministro fue tomado como rehén el jueves por la mañana en una carretera de la localidad de Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz, cuando intentaba negociar la suspensión de un bloqueo.

Horas después logró hablar con un medio para decir que se encontraba bien y que era cuidado por quienes le retenían, pero pedía que dialoguen las autoridades y los cooperativistas.

Sin embargo, Illanes ya estaba amenazado por los mineros y en particular por uno, el dirigente Josué Caricari, que hizo varias declaraciones públicas en sentido de que la autoridad pagaría con su vida si había nuevos enfrentamientos o moría otro minero.

Los cooperativistas, un sector tradicionalmente aliado de Morales, bloquearon carreteras para exigirle que derogue una ley que permite la sindicalización en esas organizaciones, donde hay decenas de miles de obreros trabajando bajo condiciones de explotación.

La pelea por esa demanda comenzó hace dos semanas sin que el Gobierno, ni los dirigentes de las cooperativas mineras cedieran en sus posiciones para facilitar el diálogo.

Morales acusa a las cooperativas de presionar con el conflicto para lograr que el Gobierno les permita firmar contratos con empresas sobre yacimientos de propiedad estatal.

Pero además, el mandatario cree que en la protesta de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras “había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector”.

Illanes, cuyo restos son velados en el Palacio de Gobierno, fue declarado “héroe de la defensa de los recursos naturales”.

El conflicto dejó además la muerte confirmada de dos mineros, Severino Ichota y Fermín Mamani, y la denuncia de parte de las cooperativas de un tercer fallecido, Rubén Aparaya Pillco, aunque las autoridades siguen investigando este caso.

Para el gobernante, es “sospechoso” que se produjeran muertes porque, según dijo, los policías tenían órdenes de no portar armas.

La Fiscalía continuó hoy con las detenciones de los dirigentes de las cooperativas mineras que supuestamente tienen responsabilidad en los niveles de la escalada de violencia vivida estos días.

La policía mantuvo detenidas a 43 personas de las filas de los mineros y liberó a más de un centenar dentro de las investigaciones.

Entre los aprehendidos están el dirigente máximo de los mineros de cooperativas, Carlos Mamani.

Al mismo tiempo, abundaron las expresiones de desconsuelo ante lo sucedido y la exigencias de una investigación a fondo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, a cuyas órdenes trabajaba Illanes, dijo que siente impotencia, dolor y rabia por todo lo sucedido y pidió que nadie interfiera en la investigación.

La Iglesia católica emitió un comunicado en el que pidió “en nombre de Dios” parar la violencia.

“Los crímenes que han sucedido tienen autores individuales, por más que intenten esconderse detrás del anonimato grupal. Llamamos a la conciencia personal de los que los han cometido para que asuman su responsabilidad penal y moral”, agregaron los obispos.

Los mineros se retiraron de las carreteras en coincidencia con las primeras detenciones de varios de sus compañeros.